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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá la constitucionalidad del Plan B durante una sesión este lunes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este lunes la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de las modificaciones a leyes electorales, mejor conocidas como el Plan B, pese a que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República advirtió que esta acción va en contra de la división de poderes.
El pleno de la Suprema Corte discutirá el proyecto de resolución del ministro Alberto Pérez Dayán, donde se propone invalidar toda la primera parte de las reformas político-electorales (Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas), pues asegura que hubo violaciones al procedimiento legislativo y que no hubo razones para argumentar el procedimiento “de urgencia” durante una sesión del 6 de diciembre de 2022.
¿Por que la Presidencia y la Corte tienen roces por el Plan B?
El Plan B es una serie de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que modifica las siguientes normativas: Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la primera parte; así Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica y del Pode Judicial de la Federación y la Ley General de Impugnación en Materia Electoral en la segunda parte.
Las nuevas disposiciones a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas fueron publicadas, el pasado 27 de diciembre de 2022, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El 1 de febrero de 2023, el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una controversia constitucional contra estas modificaciones, pues “merma la autonomía del instituto y su capacidad para ejercer las funciones que la Constitución le mandata”, detalló el órgano electoral.
Si bien se presentaron siete acciones de inconstitucionalidad y 161 controversias constitucionales contra el Plan B en general, el Pleno de la Corte sólo discutirá el proyecto de resolución de Pérez Dayán, donde se busca resolver la controversia constitucional presentada por el INE el 1 de febrero de 2023.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ha buscado que la discusión del proyecto de resolución del ministro Pérez Dayán se retrase, por ejemplo, el pasado 3 de mayo emitió un comunicado, donde pidió a las y los ministros que resuelvan una acción de inconstitucionalidad presentada desde 2018 en contra de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social.
A esto se suma que, el pasado 24 de marzo, el ministro Javier Laynez Potisek otorgó una suspensión en contra del denominado como Plan B, en especial, todas aquellas modificaciones que alteraban la estructura del INE como la extinción de fideicomisos y emitir nuevos estatutos del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Todo esto llevó a que AMLO, el pasado 27 de marzo y durante la conferencia matutina, calificara a la Suprema Corte como “partidaria” de la oligarquía y por estar en contra de la democracia, “no quieren al gobierno del pueblo, por eso no quieren la reforma electoral”, acusó.
¿En qué consiste el proyecto del ministro Pérez Dayán en contra del Plan B?
De acuerdo con el proyecto de resolución a la acción de inconstitucionalidad 29/2023 (y sus acumulados 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023), presentado por el ministro Pérez Dayán y publicado por la Suprema Corte, la aprobación de la primera parte del Plan B violó los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular”, expresa el ministro Pérez Dayán.
A causa de las irregularidades observadas, Pérez Dayán busca “declarar la invalidez total del decreto impugnado” y se deberá realizar una notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión. Se necesita la votación de ocho de lo 11 ministros para anular la primera parte del Plan B.
Sólo en el caso de ser aprobado, el proyecto deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta. La segunda parte del Plan B también se encuentra en la mira de la Corte y el mnistro Laynez Potisek es el encargado de dar trámite a las acciones de inconstitucionalidad y controversias. Información Radio Fórmula
