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El presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante su controvertido Plan B, pretendió reestructurar al Instituto Nacional Electoral (INE), despedir a los trabajadores especializados en materia electoral, permitir a los partidos para hacer proselitismo y actos anticipados de campaña. Lo anterior, modificando cuatro leyes: la General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos, la General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la General de Comunicación Social y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de la rápida y casi furtiva aprobación de este plan en diciembre del 2022 por la mayoría compuesta por Morena-PVEM-PT en el Congreso, sin espacio para el debate, la respuesta de la sociedad civil y partidos de oposición fue inmediata y contundente.
Los partidos de la oposición, PAN, PRI y PRD, impugnaron el Plan B ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que socavaba principios constitucionales, comprometía la democracia y limitaba los derechos humanos.
Los días 8 y 9 de mayo pasado, la SCJN invalidó el Plan B señalando que el proceso legislativo había sido quebrantado, que la mayoría impidió la deliberación o la transparencia, privando a la sociedad de su derecho a la participación y toma de decisiones. También detectó aspectos inconstitucionales en el Plan B, como el permitir propaganda electoral por parte de servidores públicos.
A raíz de estas declaraciones, líderes de Morena, incluido el presidente López Obrador, manifestaron su disconformidad. López Obrador interpretó el fallo de la SCJN como una intrusión al legislativo y etiquetó a la Corte como el “guardián de los conservadores”. Por otro lado, Mario Delgado, líder nacional de Morena, vio en esta resolución un desafío a la separación de poderes.
Sin embargo, lo que sorprende es la posterior actuación de los legisladores en Guanajuato. En una acción irónica, diputados locales del PAN y PRI replicaron una conducta similar a la de los legisladores federales lopezobradoristas. Esta hipocresía quedó al descubierto cuando, el 23 de mayo, pocos días después del fallo de la Corte contra el Plan B, aprobaron rápidamente una reforma electoral en Guanajuato, que posteriormente fue invalidada por la SCJN por razones análogas, después de que fuera impugnada por los diputados morenistas y verdes guanajuatenses que utilizaron los mismos argumentos que esgrimieron los legisladores federales del PAN, PRI y PRD para impugnar el Plan B.
Estos eventos resaltan un patrón preocupante: la predisposición de nuestros legisladores federales y locales a dejar de lado la democracia deliberativa en aras de agendas políticas. En Guanajuato los diputados del PAN y el PRI actuaron igual que en el Congreso Federal los legisladores de Morena, el PVEM y el PT.
Hasta anoche, ningún morenista distinguido había criticado a los ministros de la SCJN por invalidar la reforma que sin respetar los derechos de la minoría aprobaron los panistas y priistas de Guanajuato.
Sin importar la bandera partidista, la consistencia y el compromiso con principios democráticos deben ser inquebrantables. Desafortunadamente, nuestros legisladores parecen no entenderlo.
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Información Radio Fórmula