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En la máxima tribuna, PAN, PRI y PRD reprobaron el lamentable hecho de intimidación contra Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), por un visitante al Congreso del Estado, por lo que hicieron un llamado para respetar la labor legislativa, así como para la protección de la integridad de los diputados, personal e invitados que acuden al recinto.
En la sesión ordinaria de este miércoles, Kathia Bolio Pinelo (PAN) reprobó este acto, que se suscitó el pasado martes al finalizar la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, donde se abordó el tema de Matrimonio Igualitario, cuando un visitante a la sesión, increpó a la diputada Díaz Lizama durante una entrevista a un medio de comunicación.
“Quién intente desvirtuar el hecho, le decimos que está grabando en video, no estamos cerrando las puertas, el ejercicio legislativo es público y transparente, pero esperamos que estos hechos no se vuelvan a repetir”, exigió Bolio Pinelo.
Díaz Lizama, agradeció las muestras de solidaridad e informó que presentó un oficio solicitando que se tomen las precauciones necesarias para que se conserve la integridad de quienes son parte o visitan el recinto Legislativo; para lo cual, el presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz (PRI), respondió que ya se giraron instrucciones en la materia y aclaró, que debido a la responsabilidad y compromiso que tienen los diputados para tomar decisiones, puede ser del agrado o no para las personas, pero eso no debe tomarse en un plano personal.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera Hernández (PRI) mostró su solidaridad con la diputada del PAN y manifestó que cualquier tipo de intimidación, falta de respeto o agresión será reprobada, en especial, cuando se trata de una mujer.
Víctor Sánchez Roca (PAN), expresó que el acto fue lamentable y peligroso, a lo que Alejandro Cuevas Mena (PRD), indicó que la sociedad se puede manifestar, pero no con violencia, al igual que reiteró el llamado a participar con respeto en el trabajo legislativo, posicionamiento que refrendó Manuel Díaz Suárez (PAN), quien agregó que sigue el compromiso de contar con un Parlamento Abierto.
Sanciones a llamadas falsas
Luis Borjas Romero (PRI), presentó una iniciativa para sancionar con 50 a 100 UMAS y con arresto de entre 24 a 36 horas de cárcel a quienes permitan o realicen llamadas a los sistemas de emergencias telefónicos, para dar un aviso falso de alerta, solicitud de auxilio, ayuda a un particular o cualquier otra situación que genere movilización o presencia del cuerpo de bomberos, personal de emergencias médicas, personal de protección civil o elementos de seguridad pública.
El diputado, presentó esta modificación a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública ya que, apenas en 2018, de las 893,192 llamadas que recibió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Yucatán, 737,821 fueron improcedentes, es decir, fueron bromas, hechos no relacionados con emergencias o llamadas no contestadas o falsas.
“Se considera indispensable que se regulen ciertas medidas de sanción para generar en la población yucateca conciencia en el buen uso y aprovechamiento de los sistemas de emergencia telefónicos”, enfatizó.
Personas con Discapacidad
Kathia Bolio, también presentó una iniciativa para armonizar la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que abarca modificaciones en materia deportiva, de salud, de educación, de movilidad y de transporte, así como la incorporación al texto de la Ley, el nuevo Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con sus objetivos y funciones.
“Con esta iniciativa damos un paso más para erradicar uno de los mayores problemas que enfrenta este sector social, que es la discriminación, que va ligado también por el desconocimiento de la sociedad, sobre todo lo relacionado con la discapacidad”, añadió la diputada que además habló sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Iniciativas
En el mismo sentido, el legislador Manuel Díaz presentó una iniciativa para modificar la Ley de Salud, en materia de Objeción de Conciencia, para brindarles mayor protección a los derechos humanos a quienes prestan servicios de salud, en su decisión de realizar ciertas acciones, como el aborto.
Además, Víctor Sánchez entregó una iniciativa para modificar la Constitución Política de Yucatán y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de que los miembros del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sean electos por un período de siete años, sin derecho a reelección.
Cuenta Pública
En la plenaria del día, PRI, PAN, PRD, PVEM, Nueva Alianza y Morena aprobaron por mayoría los Informes de Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017 de 106 municipios y 94 organismos públicos, con el voto en contra de la fracción de Movimiento Ciudadano.
Alejandro Cuevas, señaló que todas las fuerzas políticas coincidieron que la ley vigente ha sido rebasada por la nueva realidad y requiere modernizarse para estar a la altura de los nuevos tiempos que demandan una fiscalización más detallada para los entes públicos.
“Estoy seguro que no estamos satisfechos con el trabajo realizado porque no pudimos profundizar en las auditorías, pero tenemos que dejar en claro que cumplimos con lo que la ley nos mandata, ni más, ni menos”, expresó.
Rosa Díaz Lizama, también consideró que se debe realizar una revisión integral a la Ley para recuperar las facultades de fiscalización, para que la Auditoría Superior del Estado (ASEY) sirva como un órgano auxiliar “y no al revés, como es ahora”.
Miguel Candila Noh (Morena), recalcó que se podrá seguir solicitando información a la Auditoría sobre el estado de las cuentas públicas de los sujetos obligados, en especial de los municipios, de quienes tienen diferentes dudas y observaciones, por lo que “no se termina con esto el procedimiento, y la ASEY está en disposición de trabajar en conjunto con los diputados”.
Milagros Romero Bastarrachea (MC), comparó que el Ejecutivo estatal presentó 31 denuncias por anomalías en la Secretaría de Salud, de Educación y de Administración y Finanzas, de la administración anterior, pero la ASEY las calificó como limpio; a lo que Felipe Cervera respondió que las querellas responden al periodo de entrega recepción y no a los Informes que se discuten.
De la misma manera, la LXII Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen para modificar el Código de la Administración Pública de Yucatán, en materia de Organismos Públicos Descentralizados, para designar a rectores y directores de universidades o instituciones académicas del Estado, suscrita por Morena, enriquecida por Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, con una propuesta de modificación de Janice Escobedo Salazar (PRI).
Por lo anterior, el dictamen establece que cuando se trate de organismos descentralizados o su equivalente, cuyo objeto sean de formación académica universitaria, el titular deberá contar con título de maestría y experiencia académica comprobable; además, los organismos descentralizados, cuyo objeto sea educativo, de ser necesario, deberán realizar las adecuaciones a sus estatutos orgánicos, dentro de un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Karla Franco Blanco (PRI), mencionó que con ello redundará en mejores resultados en beneficio de los yucatecos, reconociendo en todo momento, que la ciudadanía debe tener certeza, de que las escuelas y universidades del estado, contarán con rectores y/o directores, con el mejor perfil académico.
Fátima Perera Salazar (Morena), destacó que la importancia de las instituciones académicas y los méritos demostrables de quienes deben de dirigirlas, al exigirles maestría a sus titulares, habla de un indispensable propósito por elevar la calidad que debe caracterizar a los centros educativos de educación superior ligados al Estado.
Por otro lado, se turnó a la comisión de Justicia y Seguridad Pública la iniciativa de Ley de Adopciones del Estado, presentada por Movimiento Ciudadano; a la comisión de Igualdad de Género, la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital, signada por Janice Escobedo.
De la misma forma, se envió a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, la iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado, en materia de autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, suscrita por el Ejecutivo estatal.
Para finalizar, se acordó celebrar la siguiente sesión ordinaria el próximo miércoles 10 de abril del presente año a las 11 de la mañana.
