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Enrique Salazar Villanueva y Manuel Ramón Rojas Mancilla, mediante un poder notarial falso, no sólo vendieron un predio cuyo dueño anda de viaje, sino que hasta ‘desaparecieron’ cuanto objeto había en el mismo.
Salazar Villanueva fue imputado a proceso, pero Rojas Mancillas, como no ha sido notificado, no compareció ante la juez de control Suemy del Rosario Lizama Sánchez para que respondan por los delitos de fraude específico y robo calificado.
La audiencia de vinculación será el 14 de febrero.
La juez no dejó en prisión a Salazar Villanueva, a quien le ordenó acudir a firmar los primeros cinco días hábiles de cada mes ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares; no salir del Estado sin autorización judicial, y depositar una garantía económica de 10 mil pesos, por todo el tiempo que dure el proceso.
De acuerdo a la denuncia, el señor José Antonio Ballina Cortés en el año 2003 adquirió el predio número 549 de la calle 26 de la Colonia Maya y desde esa fecha dispuso del inmueble, teniendo en el interior diversos bienes muebles.
El 26 de mayo del año 2016, encontrándose de viaje fuera del Estado, es informado por su hijo José Antonio Ballina Martínez que, al parecer, habían entrado a robar en dicha vivienda, pues se encontraba vacía.
En junio recibió otra llamada de su hijo, que le informaba que, al parecer, alguien había vendido dicho predio.
Al llegar a su domicilio, se encontraron con una mujer, quien dijo ser amiga de una persona de nombre Maricarmen Sierra Escobedo, manifestándole que había acudido a ese lugar porque se le había prometido dar en renta.
Al poco rato llegó Alberto Abigail Casanova Sierra, quien le indicó que el 7 de abril del 2016 había pasado por el predio en cuestión y había visto a una persona colocando un número telefónico en un letrero que decía que la propiedad estaba en venta.
Este le dijo que era Enrique Salazar, haciéndose pasar como apoderado de Ballina Cortés, que le había cedido el inmueble por una deuda, y acordaron que se contactarían con Rojas Mancilla para concretar el negocio.
Establecieron el precio de 560 mil pesos y en la notaría pública número 16, del abogado Carlos Alfredo Evia Salazar, se les mostró los documentos que justificaban que el hoy querellante, el 5 de abril del 2016, en apariencia, había otorgado ante dicho fedatario un poder a favor de Salazar Villanueva.
Después, los ahora procesados acudieron al multicitado inmueble y entregaron el predio, que previamente habían desalojado, por lo que ambos fueron denunciados. Información Medio Tiempo
