Por Carlos Elizondom
Una de las innovaciones de la recién promulgada Constitución capitalina, aunque inmediatamente impugnada en su constitucionalidad por la Presidencia, el Senado y Morena, entre otros, es estipular en su artículo 9 párrafo F, que:
“La ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. (…) El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.
Me gustaría vivir en un mundo donde simplemente estipular derechos los hiciera posibles. La tierra sería un paraíso. Sin embargo, gobernar es administrar la escasez, de todo, de recursos públicos, de tiempo de las burocracias, incluido el Presidente. Tener autoridades honradas ayudaría mucho en la administración de los limitados recursos públicos, pero no basta con ser honestos, una cualidad por demás escasa, como para poder cumplir los buenos deseos, aunque éstos se plasmen en una ley.
Al definir las instituciones de un país, lo crucial es tener objetivos deseables y que los medios para llegar a ellos sean realistas. En la mayoría de los países desarrollados se debe cuantificar el costo fiscal de cualquier nueva ley y hacer los ajustes presupuestales adecuados para garantizar que contará con esos recursos.
El agua puede ser un derecho sancionado por las leyes. Sin embargo, cualquier bien, ya sea regalado o vendido por debajo de su costo, se va a desperdiciar. La institución a cargo de un servicio que lo debe proveer por debajo de su costo tampoco va a invertir para hacerlo disponible a un mayor número de gente. Entre más provea ese bien, más va a perder.
En el sábado de gloria existía la tradición de aventar agua en cubetas y en globos. Era un gran desperdicio de ese bien. Hoy, sólo diez por ciento de la población se moja el sábado de gloria, según la encuesta de Demotecnia (http://www.demotecnia.com.mx/dmt/). Se ha perdido, en parte por una mayor conciencia social respecto del valor del agua. Qué bueno. Pero las buenas intenciones no son suficientes para llevar el agua a todos los habitantes. En la Ciudad de México carecen de agua potable continua más de un millón de habitantes.
En la Semana Santa es común esperar a que llueva. Ojalá así sea. En estos largos meses de sequía, cada vez más familias tienen problemas para acceder al suministro de agua potable. Esto mientras que uno sigue viendo, sobre todo en la parte poniente de la Ciudad por la que baja una parte del agua que viene del Sistema Cutzamala, fugas de agua que tardan mucho en ser atendidas. Se calcula que 40 por ciento del agua se pierde en la red. A quien administra el sistema no le importa. No gana vendiéndola, no pierde gran cosa si se desperdicia.
Todos deberían pagar el uso del agua por lo menos a su costo real. Para quienes consumimos más, el precio debe ser incluso por arriba, incrementar según el nivel de consumo, para generar recursos para ampliar y darle mantenimiento a la red. Si hay quienes no la pueden pagar a su costo, se les debe dar un bono para que puedan acceder a ella. Pero no dejarles de cobrar. Ni prohibir cortar el suministro a quien no paga.
El agua más cara es la que no se tiene, la segunda más cara es la que llega en pipas, además de contaminar en el camino y destruir las calles por donde pasan debido al peso de las mismas. El metro cúbico de la tarifa media por metro cúbico en la Ciudad de México es de unos 20 pesos. Una pipa de diez metros cúbicos cuesta unos 800 pesos, más toda la lata de ir por el agua en cubeta cuando ni sistema de agua se tiene en casa.
No tener agua o tener que pagarla a precio de pipa es lo usual para los más pobres. En su nombre se hacen generosas constituciones políticas que prometen el derecho al agua. No hay país que lo haya resuelto de esa forma. Incluso hay ciudades bien administradas en México que tienen organismos de agua que logran surtir a una mayor proporción de la población, aunque el agua cueste más.
Creer que los derechos no cuestan es confundir la redacción de un texto legal que debe ser cumplido, con uno normativo, donde bastan los buenos deseos. Una cosa es tener una utopía, otra, qué podemos obtener con los instrumentos a nuestro alcance. Si la izquierda en América Latina no ha logrado salir de los ciclos populistas de quiebra recurrente es porque no ha entendido la lección de las socialdemocracias europeas. Para tener derechos de verdad, hay que invertir recursos, para que sean pagables esos derechos, requieren incentivos adecuados, y las burocracias del sector público no pueden ser espacios de sindicalismo abusivo y clientelar.
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
Twitter: @carloselizondom
Información Excelsior.com.mx