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POr Francisco Garfias
Iba a ser la glosa del VI Informe de Gobierno en materia de la política de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero se convirtió en un juicio a Rosario Robles por la llamada Estafa maestra.
Durante la larguísima comparecencia en San Lázaro —tres rondas de preguntas por cada uno de los ocho grupos parlamentarios— hubo de todo: desde la solicitud de renuncia a la titular de la Sedatu; la acusación de que es “la mayor cómplice del régimen de corrupción”; la afirmación de que es una “mentirosa”.
Pero también el veredicto “culpable” de la supuesta “estafa” que le endilgaron los diputados de Morena y sus aliados.
Al pie de la tribuna se colocaron mantas y pancartas que hablaban de la Sedesol, de la que también fue titular, como “la red de la estafa”; del desvío de 700 millones de pesos; y que Robles debía pedir perdón a los mexicanos “por el robo a la nación”.
Rosario es mujer de sangre caliente. Me consta. Pero ayer supo contenerse, a pesar de que, por momentos, su cara se veía descompuesta por la lluvia de acusaciones, calificativos, reproches que recibía de los diputados.
Llegó toda de blanco, como queriendo simbolizar pureza.
De entrada, dijo que los contratos de la Sedatu y de la Sedesol con las universidades se hicieron bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones. “No hay uno solo con empresas fantasma”, repitió.
Retó: “Ya viene un nuevo gobierno. Investiguen. Busquen debajo de las piedras. Tengo un solo patrimonio: mi nombre.
“He sido la más abierta a que esto se investigue. Si hay ilícito que pague quien lo haya cometido. Pero tiene que haber pruebas. Pidan a Transparencia la evolución de mi patrimonio”.
Al perredista que reclamó su renuncia, Emmanuel Reyes, lo invitó a que “si tiene pruebas, yo lo acompaño ahora mismo a que ponga su denuncia”.
Obvio, no hubo respuesta.
Y lamentó que “desde la izquierda” se lastime el principio presunción de inocencia.
Por momentos, la situación parecía desbordar. Gerardo Fernández Noroña (PT) y el priista Luis Miranda, amigo de Peña Nieto, protagonizaron el momento más tenso de la comparecencia.
Parecía que llegarían a los golpes.
Todo empezó cuando la diputada del tricolor Érika Sánchez le gritó “¡payaso!” a Noroña, luego de que el petista se quejara de que la compareciente le hacía publicidad al aeropuerto de Texcoco.
Gerardo acusó recibo del calificativo. Dejó su curul y caminó hacia el área donde se ubican los diputados del PRI, el brazo levantado y el dedo índice apuntándoles.
Subió por el pasillo imperial mascullando no sé qué cosa, hasta que se topó con René Juárez, coordinador de la bancada del tricolor, quien lo detuvo suavemente.
“¡Quítame tu brazo!”, reviró Noroña, según su propia versión del asunto.
En esos momentos un hombre de baja estatura se acercaba a Gerardo en forma amenazante, con la mano levantada. René Juárez le bajó bruscamente el brazo y lo apartó del petista.
“¿Quién era ése?”, nos preguntó, posteriormente, Noroña.
Le dijimos que se trataba de Luis Miranda, extitular de la Sedesol. “¿Ése es Miranda?”, preguntó, sorprendido. No lo identificaba físicamente.
En los pasillos de San Lázaro corrió la versión de que el diputado petista iba a reclamarle feamente el grito de “¡payaso!” a la diputada Sánchez, “que está embarazada”.
Noroña dice que no es cierto. “Ni siquiera supe con precisión quién me gritó. Sólo sé que era mujer. Subí a reclamarle a toda la fracción del PRI. No me meto con mujeres”, nos dijo.
Ya al final, Noroña volvió a provocar otra confrontación con el PRI al recordar a la secretaria que fue amante del empresario Carlos Ahumada.
La comparecencia del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en el Senado, fue más ordenada. La nota fue la aún no concretada extradición de César Duarte.
Y es que, dijo, el exgobernador de Chihuahua podría enfrentar su proceso en libertad, si es extraditado a México.
Explicó: “De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición, diez son del fuero común y fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua. Se han entregado ya en este momento 12 solicitudes de extradición.
“Los delitos por los que se le ha acusado no son graves, es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal, lo podría enfrentar en libertad”, dijo.
Navarrete, por lo demás, rechazó señalamientos de que hay en México una crisis nacional de seguridad, derechos humanos o de justicia, sin dejar de reconocer que hay problemas.
“Menos del uno por ciento de las quejas han derivado en recomendaciones de la CNDH. Durante el sexenio del presidente Peña se redujeron en 14% esas recomendaciones, en comparación con el pasado sexenio”.
Destacó, también, que el 77% de los procedimientos penales son resueltos en menos de 30 días, mientras que con Felipe se resolvía en 263 días un solo procedimiento.
El lunes conocí en las oficina del Presidente electo, calle Chihuahua, a Enrique Calderón Alzati, de la Fundación Arturo Rosenblueth, organizadora de la consulta sobre el aeropuerto.
Me llamó la atención la ligereza con la que este longevo señor afirmó que en el pasado había una “dictadura” y que “hoy vivimos un cambio en la forma de gobernar”.
Me pregunté de inmediato si don Enrique sabrá lo que es vivir en dictadura.
La irresponsable declaración la ilustró con el tema del Fobaproa, “a nadie le preguntó Ernesto Zedillo”, dijo.
Pero también con la decisión de Felipe Calderón de utilizar al Ejército en la sangrienta guerra al narco; o la de Enrique Peña con las reformas Educativa y Energética.
Pero a Calderón Alzati se le olvidó, convenientemente, que AMLO tampoco preguntó a los ciudadanos sobre el Tren Maya que, dice, “va porque va”.
¿Le parecerá también una decisión dictatorial?
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Información Excelsior.com.mx