Por Jorge Fernández Menéndez
Irse una semana de vacaciones en plena efervescencia 4T puede ser un ejercicio de alto riesgo. La semana pasada estuvo marcada por acontecimientos que hacen difícil entender el devenir de una administración que se contradice en forma cotidiana, pero que al mismo tiempo logra mantener el equilibrio cuando todo parece que puede irse por el despeñadero.
Lo primero que sorprende es que desde el gobierno se celebre con tanto entusiasmo que el crecimiento del segundo trimestre haya sido de 0.1 por ciento. Cada punto que deja de crecer implica decenas de miles de personas que se sumergen en la pobreza: la pobreza crece un 1.8 por ciento por cada punto que decrece el PIB, por ende una situación de estancamiento produce efectos similares, porque la población sigue creciendo mientras la economía no lo hace.
Es verdad que se destinarán casi 500 mil millones de pesos de gasto público para tratar de reactivar la economía y que se atenderá el rezago en el ejercicio presupuestal, al tiempo que la reducción de las tasas en Estados Unidos puede ayudar a que se reduzcan las tasas domésticas, pero se necesita mucho más, sobre todo se requiere una recuperación de la confianza de los inversionistas, que está lejos de haber regresado, y que difícilmente lo hará mientras permanezca la incertidumbre en distintos ámbitos, sobre todo el energético.
La otra gran sorpresa de la semana pasada ha sido la Ley Garrote en Tabasco. Sólo imaginar que una administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera impulsar una ley que castiga hasta con 13 años de cárcel a quien realice bloqueos o manifestaciones advirtiendo que ellos son una forma de extorsión, sólo puede desconcertar a quien recuerde la toma de los pozos petroleros en Tabasco, el boicot al pago de luz en el mismo estado o los bloqueos en Reforma y el Centro Histórico en el 2006. Y recordar que la extorsión es un delito ya tipificado no ayuda a despejar el desconcierto.
También se dio luz verde desde Sermarnat a la construcción de Santa Lucía, al tiempo que el presidente López Obrador declaraba que haber liquidado los contratos de la construcción de la Torre de Control del frustrado aeropuerto de Texcoco nos “liberaba de un problema”, mismo por el que faltan por pagar, aún, 163 mil millones de pesos por haber cancelado esa obra. Por cierto, en su entrevista con Bloomberg, el Presidente dijo que el problema del NAIM era que se iba a urbanizar la zona y se iban a hacer jugosos negocios con el gobierno…, pero el gobierno actual, lo encabeza el propio Presidente, con toda la potestad para evitar precisamente esos negocios si es que eran ilícitos.
Para completar la semana se aprobó la Ley de Extinción de Dominio que permite enajenar bienes sólo con la denuncia penal en contra de cualquier ciudadano. La intención es buena porque se quiere evitar que los grandes delincuentes mantengan sus bienes durante años, pero formulada como está, esa ley puede dar paso a serios abusos.
Con todo, con estas y muchas otras contradicciones, el gobierno logra mantener el equilibrio económico y político, mientras le dura la popularidad presidencial y la ausencia de verdaderas oposiciones. Insistimos en un punto: el desafío está en recuperar la seguridad cotidiana y la confianza de los inversionistas. Y en ambos espacios reina aún la incertidumbre.
EL CARRETE
Santiago Mazari, El Carrete, el líder del Cártel de los Rojos, era un objetivo clave en la lucha contra el narcotráfico. No sólo por ser uno de los grandes generadores de la violencia en Morelos y Guerrero, sino también por sus relaciones políticas en ambos estados, que lo llevó, no hace mucho, a tener control sobre buena parte del Congreso de Morelos y muchas presidencias municipales en ese estado y en Guerrero. Pero también para avanzar en el caso Ayotzinapa.
El secuestro y asesinato de los jóvenes de la Normal se da porque el cártel de Guerreros Unidos, enemigos de los Rojos, cree que éstos quieren tomar la plaza de Iguala y, que confundidos entre los estudiantes, van sicarios de ese grupo. Por eso secuestran y matan con tal sangre fría, utilizando las fuerzas policiales del municipio.
Cuando los “representantes” de los padres de las víctimas declaran que la detención de El Carrete “no era prioritaria” para investigar el caso, lo que hacen es fortalecer la hipótesis, sustentada por los sicarios de Guerreros Unidos detenidos, de que los Rojos tenían presencia e influencia entre directivos y estudiantes de la Normal. Y que la conservan.Información Excelsior.com.mx