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A fin de frenar el índice de daños físicos, temporales o permanentes, que incluso pueden llegar a la muerte, el Dip. Manuel Díaz Suárez, presentó durante la sesión del Pleno del Congreso una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Yucatán para establecer sanciones que van de seis meses a tres años de prisión, así como multas de 50 a 200 Unidades de Medida de Actualización, para quienes realicen procedimientos médicos quirúrgicos sin contar con los requisitos estipulados en la Ley General de Salud.
Lo anterior, independientemente a las sanciones establecidas en el artículo 269 del Código.
Para ello, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propone adicionar el artículo 270 Bis, al capítulo II del Código Penal correspondiente a la Responsabilidad Médica.
En su exposición de motivos, el legislador informó que por cada cirujano plástico con su debida especialidad y certificación, existen entre 10 y 20 sin especialidad y el mínimo adiestramiento o conocimiento que exige la ley.
En Yucatán se han documentado en los tres últimos años cinco fallecimientos de pacientes a manos de personas sin la especialidad certificada –subrayó–… Se tiene conocimiento de decenas de casos con complicaciones mayores y menores, lo que ha afectado de manera total o permanente su calidad de vida.
Explicó que esos pacientes sólo buscaban una mejora estética o una reconstrucción de parte de su cuerpo, tras un accidente o una malformación congénita.
Manifestó que cirujanos plásticos certificados realizan al año en Yucatán entre 4,500 y 5,000 mil procedimientos de esta naturaleza.
El Dip. Díaz Suárez detalló el largo camino que hay que recorrer para lograr la certificación como cirujano plástico, a partir de la licenciatura de médico cirujano: cuatro años de la especialidad de cirugía y de dos a cuatro en la subespecialidad de cirugía plástica, estética y reconstructiva.
Informó que, en América, México ocupa el tercer lugar en solicitudes de intervenciones estéticas, plásticas y reconstructivas, solo detrás de Brasil y Estados Unidos.
Señaló que en México es alta la demanda de este tipo de intervenciones, lo que ha incrementado los problemas que afectan a la sociedad médica certificada y a la sociedad en general, y puso como ejemplo que en los últimos años se han documentado casos de personas que sin el debido adiestramiento y especialidad ofrecen servicios de cirugía plástica, estética y reconstructiva, lo cual ha ocasionado lesiones, parciales o totales, en los pacientes, y de manera temporal o permanente, disminuyendo su calidad de vida e incluso con pérdida de vidas, ante lo cual la COFEPRIS ha emitido alertas sanitarias y han sido cerradas diversas clínicas.
