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En aras de proteger el patrimonio de los yucatecos, la Dip. Kathia Bolio Pinelo presentó hoy en sesión del Pleno una iniciativa para reformar el artículo 13 del Código Penal del Estado, con la finalidad de que el delito de enriquecimiento ilícito sea considerado grave, para que quien lo cometa lleve su proceso privado de su libertad.
A pesar de la gravedad del delito de enriquecimiento ilícito cometido por servidores o funcionarios públicos, no se encuentra en la lista de los delitos graves establecidos en el Código Penal del Estado de Yucatán, como ya se encuentra en el Código Penal federal, por lo que quien comete este delito en el estado tiene derecho a llevar su proceso en libertad bajo caución, como se hace referencia también en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán —explicó.
Recordó que el delito de enriquecimiento ilícito se encuentra tipificado en los artículos 265 y 266 del Código Penal del Estado de Yucatán, en donde se establece sanción que va de dos a catorce años de prisión a quien por motivo de su empleo, cargo o comisión en el servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito.
—El servicio público representa una gran responsabilidad para quienes lo ejercemos por lo que se debe ejercer a cabalidad con principios, con valores y siempre apegados al marco normativo, siempre con la voluntad de servir y no de servirnos, buscando siempre el bien común de toda la sociedad, antes que el bien propio y el interés personal —expresó—. Los actos de corrupción se acompañan de hechos de impunidad que ocasionan a su vez graves consecuencias para la sociedad dando pie a violaciones a los derechos humanos, desigualdad, injusticia y afectaciones en la calidad de vida de la población. Los actos de corrupción, a quien siempre terminan lastimando o vulnerando principalmente, es a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Al mismo tiempo, los actos de corrupción generan desconfianza en la ciudadanía hacia las instituciones públicas, hacia diversas autoridades municipales, estatales y federales —recalcó—. Sin embargo, esta situación no debe ser motivo para catalogar como inoperantes a dichas instituciones y tampoco para tachar de forma generalizada las acciones de todos los que se desempeñan como funcionarios o servidores públicos ya que así como existen malos, también existen buenos servidores públicos.
Informó que, de acuerdo con el Inegi, en 2016 México tenía 4.2 millones de servidores públicos trabajando en diferentes instituciones de la administración pública en el país, lo que representa una tasa de 344 servidores públicos por cada 10,000 habitantes, trabajando el 39% de éstos en el ámbito federal y el 61% en administraciones estatales y municipales. En estados como Tabasco, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California Sur, Zacatecas, Yucatán, Hidalgo y la ciudad de México, tenian 300 servidores públicos por cada 10,000 habitantes.
La Dip. Bolio Pinelo dijo que en 2007, más del 60% de la población manifestó confiar únicamente en las instituciones públicas de educación, salud, el Ejército y la Marina, y alrededor de dos de cada diez personas, indicaron no tener confianza ni en los partidos políticos, en los diputados ni en los senadores.
Expresó que de acuerdo con el Indice Global de impunidad 2015, que es el último censo, México se encuentra dentro de los cinco países con los más altos niveles de impunidad en el mundo, en donde el 95% de los delitos de corrupción cometidos por particulares y servidores públicos, la mayoría de las veces queda impune.
