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Por Pascal Beltrán del Rio
Si por mí fuera, todas las drogas serían legales. Que la producción, venta y consumo de todas ellas estuviesen regulados como sucede con el alcohol. Desde mi perspectiva, se trata de un asunto que compete al individuo y nada más. Y mientras el consumo de uno no afecte los derechos de otro, la discusión debe quedar ahí.
Pero tampoco me hago tonto: en un mundo ideal, lo anterior funcionaría a la perfección. Pero no vivimos en él.
No todos los individuos tienen la madurez o la educación o la información suficientes para que su libertad de decidir qué se meten en el cuerpo no tenga efectos perniciosos sobre su salud y la seguridad de los demás.
O sobre el erario. Hay lugares del mundo muy tolerantes con el consumo de drogas donde el traslado al hospital de personas con sobredosis mina las finanzas públicas.
Es inhumano dejar morir a alguien cuando se le puede salvar. Pero ¿es correcto cargarles a todos los contribuyentes la decisión de una persona de consumir droga? El tema es debatible.
Ésa es la discusión en Middletown, Ohio, donde los bomberos casi nunca tienen que atender incendios. Su trabajo principal es rescatar a individuos a los que se les ha pasado la mano con la droga. Entre julio de 2016 y junio de 2017, hubo cerca de mil casos de sobredosis por opioides en esa ciudad estadunidense de 50 mil habitantes.
Tan sólo para administrarles naloxona, un medicamento para contrarrestar los efectos de una intoxicación aguda por drogas, el departamento de bomberos gastó 90 mil dólares en 2017, la mitad de su presupuesto para medicamentos.
Cada vez que tiene que atender a una persona con sobredosis, la ciudad debe desembolsar unos mil 100 dólares. Haga la multiplicación.
A veces me da la impresión de que la discusión sobre la despenalización de las drogas avanza sobre una gran autopista de corrección política que sólo toma en cuenta la libertad individual.
Insisto: yo creo en ella. Pero es absurdo pensar que ése es el único elemento a considerar. Otro lugar común es que la despenalización resolvería automáticamente los problemas de violencia que vive nuestro país.
Yo estoy de acuerdo con que la batalla legal contra las drogas y el narcotráfico ha producido resultados muy pobres. Antes, México era sólo un país de tránsito de narcóticos. Hoy es, claramente, también un país de consumidores.
Hay que decirlo sin rodeos: la guerra contra las drogas está perdida. Pero eso no significa que la despenalización por sí sola nos traerá la paz.
Vea lo que está pasando en Guerrero. Desde hace un par de años, el precio de la goma de opio se ha desplomado al 10%. Hoy un campesino debe trabajar tres meses en una milpa de una hectárea para ganar apenas unos 5 mil pesos.
¿Cuál es la razón? Principalmente la sustitución de la goma de opio por fentanilo, un opioide sintético que llega a Estados Unidos sobre todo desde China.
Sintetizado por el químico Paul Janssen en 1960, el fentanilo es el opioide más poderoso del mundo para uso médico. Puede calmar los dolores más fuertes e incluso sirve como anestésico.
Sin embargo, su consumo puede llevar fácilmente a una sobredosis. Antes de 2014, esos casos eran aislados en Estados Unidos. Ese año, hubo 5 mil fallecimientos por sobredosis de fentanilo. En 2017, el número brincó a 30 mil, cerca de la mitad de las muertes por sobredosis de cualquier droga.
Es extraño que la discusión sobre la conveniencia de legalizar la amapola para usos médicos se intensifique ahora que la goma de opio está siendo desplazada por el fentanilo, cuya producción, a diferencia de la amapola, no depende ni del buen tiempo ni de la disponibilidad de agua y plaguicidas.
Los campesinos están abandonando el cultivo de la amapola porque ya no es redituable.
Y vea qué ha sucedido en Guerrero a raíz del desplome del precio de la goma de opio: ha aumentado drásticamente el robo de autos en las carreteras que atraviesan ese estado, como la Autopista del Sol. Es un estado por donde no pasan ductos de combustible importantes y donde, por tanto, el huachicoleo no es una alternativa para los grupos criminales. En cambio, es la entidad en la que más ha crecido el robo de vehículos y el asalto carretero este año.
El descenso en la producción y tráfico de goma de opio no ha traído la paz a Guerrero. La criminalidad simplemente se diversifica. Lo único que va a traer de vuelta la seguridad es el reforzamiento del Estado de derecho. Lo demás, me temo, es buscar atajos que terminan en callejones sin salida. Información Excelsior.com.mx