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CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –
El sector minero es uno de los más polémicos en México. Uno de los temas que más pesa es la falta de transparencia, tanto en el otorgamiento de licencias como en el uso de los ingresos por parte del gobierno, y en ello concuerda el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, por sus siglas en inglés).
El NRGI publicó hoy su Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales. En él, el sector minero de México recibió una calificación de 60 puntos de 100, con lo que se coloca en el lugar 19 de 89 países evaluados. El sector de petróleo y gas obtuvo una calificación de 61 puntos y se ubica en el lugar 17.
Sin embargo, pese a que esas posiciones se colocan en el apartado de “satisfactorio”, en ambos casos el desempeño se vio afectado por la “débil gestión de los ingresos”, que son todas aquellas funciones que tienen que ver con el empleo del dinero cuando ingresa en las arcas nacionales.
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“Si bien México tiene un marco institucional altamente sofisticado, existen algunas sorprendentes brechas en la manera como el país supervisa sus industrias petrolera, gasífera y minera. (…) México tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado. En términos generales, el país tiene un Estado efectivo, pero estas cuestiones se desbordan hacia el sector de los recursos naturales”, señaló en el estudio Carlos Monge, el director de NRGI para América Latina.
Minería falla en transparencia
Uno de los principales problemas que aquejan al sector minero en términos de gobernanza (calidad de la intervención del Estado y del gobierno) es la falta de transparencia.
En México, la información minera es difícil de obtener: no hay un portal de datos en línea, hay poca visibilidad sobre los procesos de otorgamiento de licencias y grandes brechas en la divulgación sobre el impacto local y la distribución de los ingresos provenientes de los recursos naturales, acusa el NRGI.
Debido a que el contenido de las concesiones no se hace público, es difícil evaluar las condiciones económicas en las que se otorgan. Además, otro tema que preocupa al organismo internacional es el de los estudios de impacto ambiental. Junto a Guatemala, México es el único país de América Latina en donde la ley no detalla los requisitos de cierre de los proyectos extractivos.
“Un mal arreglo de gobernanza genera que los recursos no sean bien distribuidos y que las reglas no sean claras. Puede poner en riesgo no solo las inversiones, sino también el desarrollo del sector y a las mismas poblaciones que están sujetas a empresas que no respeten la normativa ambiental y/o social”, dijo Alonso Hidalgo, asistente del programa para América Latina de NRGI.
Aplauden reforma energética
La reforma energética ayudó a una mayor transparencia en la regulación y otorgamiento de concesiones en el sector petrolífero, lo que mejoró la gobernanza de la industria. Pero en tema ambiental aún queda mucho por hacer.
Las prácticas adoptadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) concuerdan con las obligaciones legales en materia de adjudicación y gestión de contratos, que incluyen la precalificación de los postulantes a la licitación, la publicación de los criterios y las reglas del proceso de otorgamiento y divulgación de los contratos.
Sin embargo, la apertura al sector privado puede generar tensiones en cuestiones socioambientales, indica el estudio, pues la ley de hidrocarburos solo exige que el Ministerio de Energía realice un estudio preliminar de impacto social como parte de la evaluación de impacto medioambiental, pero no ordena que las empresas, ni las autoridades, los divulguen.
Recomendaciones
México tiene las armas para mejorar su gobernanza en el sector, asegura el estudio, del que se desprenden diversas recomendaciones para mejorar.
Hidalgo destaca la corrección en la calidad de los estudios de impacto ambiental y social. “Debería haber una práctica mucho más clara de divulgación de los estudios de impacto ambiental, antes del licenciamiento y después de este”, comentó.
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Aunado a ello, es necesario que las diferentes agencias y entidades que manejan información se estandaricen en calidad y divulgación.
Y como tercera recomendación, Hidalgo señaló que es importante una “mayor presencia de monitoreo ciudadano. Es algo que en algunos sectores de México, ya se está dando, pero que necesita aplicarse más a las industrias extractivas”.
