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Por Francisco Javier Acuña
La contienda electoral es un periodo en el que se comparan frente al electorado las ofertas políticas de candidatos y partidos para conquistar el respaldo mediante el sufragio. Durante las facetas de un largo proceso electoral, como es el mexicano —acaso el más largo del mundo democrático—, urge existan autoridades sólidas para organizar los tramos que conducen a la cita con las urnas (la jornada electoral) y los tramos que falten hasta la calificación de los comicios por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (que dice la última palabra sobre la validez de las elecciones).
En México, el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo constitucional autónomo, es la máxima autoridad administrativa electoral y es, por definición constitucional, el organizador de los comicios, y en paralelo es una institución fiscalizadora y sancionatoria de los partidos políticos y candidatos de carácter nacional.
El Inai es un órgano constitucional autónomo, garante de los derechos de acceso a la información pública y de la tutela de los datos personales, y la transparencia electoral no le es ajena, por lo que mantiene una estrecha relación de colaboración institucional con el Instituto Nacional Electoral.
El Inai jamás competirá ni estorbará los procesos que exclusivamente le competen al INE. En el contexto del proceso electoral de 2018, el Inai solamente —aunque eso no sea cualquier cosa, sino mucha y muy importante— acompañará al INE en muy específicos momentos en que pudiera haber necesidad de intervenir, y reitero, siempre el Inai será escrupuloso de sus actuaciones para evitar que lo que, conforme a la ley, pueda hacer parezca una sombra a la gestión del INE, o hasta un problema para la función que cada cual tiene, conforme a la naturaleza de su función.
INE e Inai son instituciones compañeras de específicas misiones en el territorio público, que coinciden en periodo de proceso electoral y fuera de aquél.
Por alguna razón, los partidos políticos son los “Sujetos Obligados” de la Ley General de Transparencia que más obligaciones tienen que cumplir ante el Inai, lo interesante es que, al margen de la legislación de transparencia y la legislación electoral, establece deberes de transparencia electoral que deben cumplir los partidos políticos.
Apenas en diciembre pasado iniciaron las precampañas electorales en el país, con el propósito de renovar más de tres mil cargos de elección popular, es decir, cerca del 80% de la composición de los encargos políticos del país que se alcanzan mediante las urnas, incluida la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado, nueve gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos.
El primero de julio de 2018 será histórico al disputarse en un proceso electoral concurrente cargos en elecciones federales, más de dos mil en, por lo menos, treinta elecciones locales; una elección presidencial especial, por el voto de los mexicanos que viven en el extranjero; y, por primera vez, en una elección presidencial podría aparecer en la boleta un candidato independiente.
El Inai vigilará la satisfacción de las obligaciones de transparencia y, además, cuidará del acceso a la información y de la tutela de los datos personales a través de los recursos de revisión que los particulares pudieran interponer en contra de las respuestas emitidas por parte de los partidos políticos a las diversas solicitudes de información que, con motivo de las elecciones, se llevarán a cabo en el país.
Seguramente, el Inai sabrá ser útil a la democracia mexicana y auxiliará al INE en los términos que prevé la legislación vigente. Información Excelsior.com.mx