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POr Jorge Fernández Menéndez
Ayer renunció Germán Martínez a la dirección general del IMSS. Germán era uno de los miembros, por mucho, mejor calificados del actual gobierno. Su renuncia es explícita: la administración política (y la política) no puede basarse sólo en recortes y menos aún cuando se está hablando de la salud de los trabajadores y sus familias.
Hoy por los recortes decididos en Hacienda, en el IMSS (y en el sector salud en general, agreguemos nosotros) no hay atención ni medicinas suficientes; han renunciado médicos y los residentes cobran menos que los apoyos que se les otorgan a los ninis; los especialistas ven desaparecer su salario simplemente por serlo; por un mal entendido ahorro, se han dejado de hacer laparoscopias para reemplazarlas por cirugías abiertas; en los hospitales de especialidades (dependientes de la Ssa) quieren que sus directores no cobren y que sean mantenidos por las fundaciones de apoyo que tienen esas instituciones.
Dice Germán en su carta que “mientras (en la SHCP) se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal —en 2019 prácticamente está en 0% el avance de obras y el pago a proveedores—; los contratos y convenios de servicios se rezagan y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia; las compras de equipamiento, paradas; las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo… en cifras reales, al día de hoy, el IMSS tiene menos recursos que el último año del gobierno anterior, porque le deben más de mil millones de pesos, del llamado “componente de salud”, que le correspondía del desaparecido programa Prospera. La carta, mucho más amplia, es una descripción precisa de los costos que generan los recortes en el servicio de salud y la atención a los derechohabientes.
Es una locura: todos esos supuestos ahorros se convierten en enormes costos de cara al futuro. Y agrega Martínez Cázares algo que debería hacer repercutir en otros ámbitos. El IMSS no es un órgano del gobierno, es una institución tripartita, autónoma, en la que participan el gobierno, los trabajadores y los patrones, que pagan cuotas, y no puede ser administrado desde el gobierno sin tomar en cuenta a los demás aportantes.
Mis respetos para el gesto y la claridad de Germán. Ojalá sirva para reflexionar, pero también para actuar. ¿Por qué en la Secretaría de Salud, que sufre aún más que el IMSS con los recortes, no se toma una posición valiente para defender a sus pacientes? ¿Por qué no lo hace el ISSSTE?
Nadie, después de un sexenio de muchos dispendios, puede estar en desacuerdo con la austeridad y el control del gasto. Pero en un gobierno que se dice orientado primero por los pobres, no se puede sacrificar la salud para utilizar esos recursos en gastos clientelares o programas y proyectos de dudosa utilidad.
No se trata sólo del sector salud. Otro caso ha sido abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta misma semana: la Ley Federal de Remuneraciones. Como medida publicitaria, de campaña o ejemplificadora, decir que nadie podrá ganar en el gobierno más que el Presidente y otorgarle a éste un salario relativamente bajo para semejante responsabilidad, suena muy bien.
Pero, en la realidad, la Ley Federal de Remuneraciones ha provocado innumerables problemas: ha rebajado el nivel de la administración pública, ha provocado la salida de especialistas muy importantes del sector público, ha sacrificado a centenares de miles de trabajadores, algunos, como los policías, castigados también por la cancelación de bonos y otros beneficios que complementaban sus salarios.
No sólo es una medida legal sin matices, que en lugar de sanear daña a la administración pública, sino que carece de un marco legal adecuado porque, como estableció la Corte, nadie sabe cómo se definió el límite salarial de 108 mil pesos para el salario presidencial y por qué todos los demás, en el sector público, se tienen que ceñir a él.
El presidente López Obrador muestra, en muchos sentidos, buenas intenciones y percepciones, orientadas por un sentido político moldeado en años de recorridos por todo el país. Pero su administración no encuentra su tono más allá de la conferencia mañanera, demasiados funcionarios no muestran capacidad suficiente e incluso desaparecen en su zona de confort. Peor aún, pareciera que el propio Presidente no es informado correctamente de los alcances de sus decisiones o de los grises que suelen enmarcarlas a la hora de gobernar. Información Excelsior.com.mx