Por Yuriria Sierra
“Porque tres o cuatro distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vendían el 70% de todas las medicinas que compraba el gobierno, estamos hablando de alrededor de 70 mil millones de pesos. Hay resistencias porque existían esos monopolios. Estaba podrido el sistema de Salud…”, declaración de Andrés Manuel López Obrador el 8 de enero pasado. Aún faltaban poco más de seis semanas para registrar el primer contagio de covid-19 en el país. Nuestro sistema sanitario ya estaba colapsado por causas heredadas, sí, pero acentuadas tras un primer año de gobierno, donde el tan anunciado combate a la corrupción causó cambios en la compra y distribución de medicamentos, así como otros tantos programas sociales, con los que se puso en riesgo la vida de miles de pacientes y se aceleró la muerte de tantos más, porque no hubo un back up preciso que garantizara la limpieza de los procedimientos, sólo se detuvieron.
Qué distinto habría sido, si, primero, se hubiera puesto en marcha una estrategia para garantizar la correcta compra y distribución de los fármacos. No habríamos visto a padres de pequeños con cáncer salir a las calles. Ni a portadores del VIH exigiendo los tratamientos a los que a sus cuerpos les tomó tiempo aceptar, por decir algo. Casi dieciocho meses después, López Obrador parece haber logrado su cometido, acabar con ese monopolio que acusó, pero que funcionó para millones de pacientes. La reforma a la Ley de Adquisiciones aprobada hace un par de días en el Congreso, lejos de significar una limpieza, representa más una “guerra” ganada por esta administración. Hacer las cosas a su manera, aunque la previa le haya salvado la vida a tanta gente.
El Presidente lo celebró ayer en Palacio Nacional; destacó que, con esto, se crearía una distribuidora de medicamentos del Estado mexicano. Incluso, anunció a David León, quien estaba a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil, como su titular. Hoy estarán firmando un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para la compra de medicamentos.
Así que, ahora, el gobierno de México tiene la opción de adquirir de forma directa y sin licitación (cero transparencia) vacunas, equipos y fármacos. Lo hará a través de organismos internacionales, como la ONU, a través de su brazo sanitario, la Organización Mundial de la Salud. Aseguran los legisladores que votaron a favor que con esto habrá medicamentos de mayor calidad, que ya no habrá desabasto en hospitales y que el precio al público será mucho más accesible. Sin embargo, lejos de lucir como una victoria para todos, se ve más bien como combatir un supuesto monopolio con la creación de otro, éste operado por el Estado. Lo único que podría dar legitimidad a esto es que jamás, nunca, hablemos de un solo paciente en el país que se queda con su receta sin surtir. De otra forma, sólo es una política más de “a mi manera”, que en lo que va de la administración no ha demostrado ser la más conveniente. Ni hablar de la caída económica en el último trimestre.Información Excelsior.com.mx