El negocio de 18 mil millones

Por Yuriria Sierra

Ni el control de su publicidad ni el gravamen del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios han impedido que aumente o se controle el consumo de cigarros o bebidas alcohólicas. Quienes los demandan, pagarán lo que sea por ellos, aunque al menos estas industrias operan en la legalidad. Sabemos quiénes son y cómo funcionan. Generan empleos e ingresos que son fiscalizados. Además, tienen la responsabilidad social de participar en campañas de prevención y control de adicciones. Están en el ojo público… y su presencia no genera violencia.

No querer siquiera debatir que la mariguana puede ser otra de estas industrias, lleva algo de hipocresía, como bien me respondió el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la conversación que compartimos en este espacio hace unas semanas: “¿Por qué cree que el alcohol y los cigarros son legales y que la mariguana es ilegal? Porque cuando en el 71 se comenzaron a distribuir las drogas, las empresas que producían alcohol y las que producían cigarrillos hicieron una presión política y dijeron: no, éstas póngalas en la ilegalidad. La marihuana es menos adictiva que el cigarrillo, causa mucho menos daño que el alcohol y está prohibida. Ahí hay un elemento político y también de hipocresía. Pero, habiendo dicho esto, cualquier droga que está prohibida, si se regula y se utiliza la plata que se recibe de esa regulación para prevenir el consumo, esta solución es mucho más efectiva…”.

México está en plena reconfiguración de su combate al narcotráfico. Sabemos que aún tendrán que pasar varios meses antes de tener elementos que nos permitan medir el alcance y efectividad de las medidas ya en curso. Por ello se debe obligar, lo hemos dicho aquí repetidas veces, a analizar otras alternativas que sumen fuerza a ese combate. Se habló desde la campaña, pero ahora el diputado Mario Delgado, a título personal, lanza una iniciativa que busca hacer que la mariguana sea un producto comercializado y gravado tal como los cigarros o las bebidas alcohólicas. En su propuesta habla de la creación de una empresa estatal que compre, venda y distribuya cannabis, también permitiría el autocultivo de hasta seis plantas. Detalla que la comercialización tendría un IEPS de 12% y 2 pesos por cada gramo. El 25% de las ganancias se irían a programas sociales en aquellas comunidades en donde se erradiquen los cultivos del narco y otro 20% a programas de prevención y rehabilitación de las adicciones. Y en este caso, según el cálculo de la iniciativa del morenista, hablamos de un negocio que podría generarle al Estado ingresos por 18 mil millones pesos al año.

Esta iniciativa supone un primer paso tras el mandato de la SCJN de legislar el uso recreativo de la planta. Habrá mucho que discutir, y justo ése tiene que ser el siguiente paso, ése que hasta hoy los legisladores se han resistido a dar, haciendo a un lado el resto de posibilidades que esto ofrece.

Hace un par de días, desde Uruguay, país donde es legal el cultivo, venta y consumo de mariguana desde 2013, se realizó la primera exportación de cannabis medicinal en América Latina. Diez kilogramos salieron rumbo a Australia. Según la empresa que hizo esta operación, la proyección es que en los próximos siete años, éste sea un negocio capaz de generar ganancias por mil millones de dólares. Sólo esa empresa, sólo en ese país.

“Le voy a dar un dato, en Estados Unidos hay más gente en las cárceles por delitos relacionados con el narcotráfico que toda la población carcelaria de Europa, eso es un absurdo. Es más costoso un preso en una cárcel americana que el tratamiento de un adicto en un centro de rehabilitación…”, me agregó Santos en aquella entrevista. Varios son los frentes que podrían integrar la lucha contra el narcotráfico. Una iniciativa ya está. Es momento, urgente, de comenzar su discusión. También de que vengan más propuestas. Hagámoslo bien. Hagámoslo ya.

ADDENDUM

Es una pena que en la lista de condonados por el SAT de pasadas administraciones se encuentre Miguel Rincón, dueño, presidente y director de Bio Pappel, la empresa a la que en abril se le cayó una licitación ganada para editar libros de texto para el gobierno, cuando se cuestionó su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se ve muy mal que el compadre del Presidente caiga en defraudación fiscal, pues el pos de favorecer sus propios intereses mancha la credibilidad de la Cuarta Transformación.Información Excelsior.com.mx