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Por Francisco Garfias
La salida de Margarita Zavala del PAN y la fundada percepción de que Ricardo Anaya se debilita en la carrera rumbo a 2018, han revivido las esperanzas de otros candidatos azules que aspiran a la candidatura presidencial.
Son cuatro: Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Ernesto Derbez y Ernesto Ruffo.
Antes de renunciar al partido, Margarita era la panista mejor posicionada en las preferencias electorales.
Las encuestas la colocaban como la única que podía competirle en las urnas a Andrés Manuel López Obrador.
“Su salida nos beneficia. Era una adversaria de gran visibilidad”, confiesa, con franqueza, el senador Romero Hicks.
A su escenario agrega el innegable “desgaste” que ha tenido Ricardo Anaya, quien fue acusado por Margarita de querer agandallarse la candidatura presidencial.
“El PAN no tiene dueño. No hay nada resuelto. El escenario es incierto. Hay que dar la bienvenida a la competencia en un espíritu fraterno”, señala.
El senador asegura que él llena los cinco requisitos que requiere un candidato competitivo: trayectoria probada en cargos ejecutivos, visión de Estado, experiencia internacional, propuesta de modelos económicos y sociales y capacidad de diálogo.
No va a ser fácil sustituir al fiscal electoral. Los senadores no aprobaron la convocatoria para elegirlo, que les sometió la Junta de Coordinación Política, sin la participación del PT.
¿Sabe por qué? No hubo quórum.
El tablero electrónico arrojó una votación de 57 a favor, cero en contra y tres abstenciones. Sólo 60 de 128 senadores votaron. No se alcanzó la mayoría.
Lo curioso es que en el salón de sesiones había mucho más de esos 60 senadores que marcaba el tablero. El bloque PT-Morena no emitió voto para reventar la sesión.
Su coordinador, Manuel Bartlett, dice que los términos de la convocatoria están diseñados para hacer un fraude en las elecciones presidenciales, pero se equivocó de año:
“El inicio del fraude electoral de ‘88 ya se dio, el fraude que están fraguando y preparando”, dijo el senador poblano, a quien se le atribuye la caída del sistema en la polémica elección que oficialmente le ganó Carlos Salinas de Gortari a Cuauhtémoc Cárdenas.
¿Lo traicionó el subconsciente?, es pregunta.
María Cristina García, secretaria de Cultura de la CDMX, y Víctor Hugo Lobo, delegado en Gustavo A. Madero, no serán destituidos por la SCJN ni consignados por haber incurrido en desacato a una sentencia de amparo.
A simple vista, parece haber un trato diferenciado en relación con el caso de Israel Moreno, delegado en Venustiano Carranza, a quien sí removieron de su cargo los ministros por desacato judicial.
Preguntamos en el alto tribunal las razones por las cuales no se reprodujo la destitución de García y Lobo cuando la falta era idéntica.
Así nos respondieron:
“Israel Moreno no atendió los requerimientos. No le importó. Ni siquiera cuando vio que su caso se iba a ver en la sesión del martes. La secretaria de Cultura y el delegado en la Gustavo A. Madero sí”. De última hora, pero lo hicieron.
Por cierto, la Corte notificó ayer oficialmente a la delegación Venustiano Carranza la destitución de Moreno.
Pero también al juzgado y a la PGR para su consignación y la del diputado local José Manuel Ballesteros, su antecesor en el cargo, quien también incurrió en desacato.
A los perredistas que patalean porque la SCJN destituyó al delegado en la Venustiano Carranza les recomiendo lean las palabras de Luis María Aguilar, presidente del máximo tribunal, sobre el valor que tiene el incumplimiento de las sentencias de amparo.
Afirma el ministro:
“No hay sentencias importantes y otras no tanto. El monto y los involucrados, si bien son determinantes por su carácter de partes en el juicio, son secundarios ante el cumplimiento del orden legal.
“En una frase. Si las sentencias no se cumplen, el Estado de derecho no es más que una ficción y éstas no valdrían ni el papel en el que están impresas”.
Ya son 49 los reos de alta peligrosidad que el gobierno del Estado de México ha trasladado a penales federales.
La cifra incluye a Jorge Sánchez Ramírez, alias El Trabolta, y a Luis Aboytes, alias El Tiburón.
Son los sujetos que el fin de semana retuvieron a dos custodios y al director del penal de Neza Bordo.
La meta del gobierno del Estado de México es trasladar a más de 650 reos peligrosos a cárceles federales, antes de marzo de 2018.
El objetivo es aliviar el hacinamiento que existe en los 21 penales estatales, que en estos momentos es de 67 por ciento, según datos de Eric Sevilla, director general de prevención y readaptación social del gobierno mexiquense. Información Excelsior.com.mx