El peso de la recesión

Por Martín Espinosa

De todas las consecuencias que ha traído la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, la recesión económica es una de las más devastadoras, debido a sus efectos sobre los insumos y las cadenas de producción que los seres humanos han desarrollado para subsistir; y de ahí todo lo demás. Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que si el Producto Interno Bruto del país tiene una caída mayor al 6% para finales de año y la tasa de desempleo sigue en aumento, México podría perder los logros que obtuvo en materia de pobreza entre 2008 y 2018; 10 años de retroceso en una de las batallas más difíciles que ha enfrentado nuestro país.

El secretario ejecutivo del organismo, Nabor Cruz Marcelo, advierte que los efectos en la economía por la enfermedad y el confinamiento social dejarán, por lo menos, 10 millones de nuevos pobres en el país, por lo que se corre el riesgo de que se frenen los avances que hubo en esta materia a lo largo de la última década, en la que las cifras revelan una reducción de hasta 3% de población en “pobreza extrema”. El titular del Coneval señaló que los rezagos en materia alimentaria y de seguridad social podrían ser los más acentuados.

Otro de los sectores más afectados ha sido el industrial, cuya caída en los primeros seis meses del año fue de 14.5 por ciento. En junio, todos los componentes principales del sector industrial registraron tasas anuales negativas. La pregunta que se hacen los analistas es, ¿cómo medidas aisladas (o puntuales) podrían enfrentar exitosamente este desafío?

El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), que dirige el economista José Luis de la Cruz, considera que “el momento para realizar una definición histórica ha llegado. México no faltará a esa cita; sin embargo, se deberá observar cómo lo hará”. Y propone varias opciones para ello: aplicar medidas coyunturales y focalizadas que, por su naturaleza, podrían naufragar ante la mayor contracción industrial observada en 90 años. O instrumentar un Programa de Política Industrial Integral que alinee todos los esfuerzos, recursos y estrategias del país.

La primera opción es “muy atractiva” y pragmática: medidas inmediatas para atender la emergencia. El desafío es su propia naturaleza; no atiende las causas sino las consecuencias. El origen de la crisis prevalece y amenaza con un desequilibrio creciente.

La segunda tiene la ventaja de involucrar el corto, mediano y largo plazos: medidas focalizadas combinadas con estrategias que permitan fortalecer el desarrollo social y el sistema productivo. Su única desventaja es que “durante los últimos 20 años la política económica ha privilegiado el corto plazo. En esta ocasión, el gobierno de México tiene la oportunidad de hacer historia y mostrar que se pueden atender las necesidades de corto, mediano y largo plazos, bajo la directriz del único mecanismo que ha tenido éxito en los últimos 50 años en el mundo: una política industrial integral que sea el germen de un Estado de bienestar sostenible e incluyente”.

El próximo 8 de septiembre, con la presentación al Congreso del Paquete Económico para el año próximo, se sabrá por cuál “apuesta” se fue el gobierno.

Mientras tanto, en los estados del país los gobernadores tratan de “rescatar” inversiones ante la disminución de la participación del presupuesto federal para las entidades. Destaca el caso de Yucatán, donde Mauricio Vila acaba de anunciar la puesta en marcha del parque eólico Progreso, proyecto en el que se invirtieron 155 millones de dólares, lo que equivale a, aproximadamente, 3,400 millones de pesos, creando importantes fuentes de trabajo. Con este nuevo parque y otros cuatro de energía eólica y solar que ya operan en el estado, junto con la aportación de la CFE, el porcentaje de energía limpia que representa el consumo energético de Yucatán se aproxima al 50%, lo que pone al estado a la altura de países como Alemania, Dinamarca y Finlandia. El nuevo proyecto eólico Progreso, cada año que esté en operación, contribuirá a la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera estimadas en 181 mil toneladas de bióxido de carbono (CO2), lo que se traduce en retirar de la circulación, aproximadamente, 76,800 autos anualmente. Es la apuesta por formas de desarrollo sostenible e incluyente que el país requiere.Información Excelsior.com.mx