Por Víctor Beltri
El MITRE es una organización privada, constituida —sin ánimo de lucro— en 1958 con el fin de prestar ayuda al gobierno federal norteamericano en cuestiones técnicas y de ingeniería; desde entonces, y durante sesenta años, el MITRE ha estado a la vanguardia en la resolución de problemas para el sector público mediante la aplicación de tecnología avanzada en los asuntos más apremiantes. Entre los proyectos de los que se ha hecho cargo se pueden contar el desarrollo de sistemas avanzados de defensa durante la Guerra Fría, la administración del espacio aéreo estadunidense, la estrategia de lucha contra el ébola o la operación del Instituto de Desarrollo e Ingeniería para la Seguridad Nacional: en la actualidad, su prestigio irrebatible ha permitido la expansión de su campo de actuación, y los servicios que presta en cuestiones técnicas son utilizados por diferentes gobiernos en todo el mundo.
En todo el mundo. En nuestro país, por ejemplo, la opinión del MITRE fue solicitada para validar la premisa con la que Andrés Manuel López Obrador se opuso a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México: de acuerdo con quien hoy es Presidente electo, la ampliación y adecuación de la base militar de Santa Lucía —en conjunto con el aeropuerto actual— sería una mejor opción que la que se construye en Texcoco. Pero hoy sabemos que no es así.
La opción planteada por López Obrador es, de acuerdo con el dictamen otorgado por el MITRE, inviable. Inviable, por completo: si se decidiera mantener en operaciones el aeropuerto actual, y realizar las adaptaciones necesarias a la base militar, no sólo se pondría en riesgo la seguridad de la ciudadanía en general —por el cruce en las rutas de descenso— sino que se incrementarían las demoras en el tráfico aéreo y los problemas operativos. El Plan Alternativo, además, no permitiría satisfacer la demanda futura de aviación en la Ciudad de México: el Plan Alternativo, en pocas palabras, no funciona.
No funciona, y no lo hará. No lo hará porque no se trata de un asunto de democracia, sino de sentido común: el resultado de una encuesta, por muy vinculante que sea, no conseguirá que los aviones dejen de cruzarse o que la operación simultánea trastorne el tráfico aéreo. Una decisión así no puede ser dejada a la mayoría, sobre todo cuando existe un dictamen contundente en contra de una de las opciones. El mero planteamiento es un absurdo: el estadista no es electo para facilitar que la ciudadanía tome las decisiones equivocadas sino, precisamente, para todo lo contrario. Un estadista, por principio, no le puede proponer a la ciudadanía que tome una decisión que la pondrá en riesgo.
Un riesgo que, una vez que ha sido advertido, no podrá ser ignorado. Porque, a pesar de que fuese la mayoría quien se decidiera por Santa Lucía, al primer accidente lo que se recordaría sería la existencia de un dictamen que advertía de los riesgos y que fue ignorado culposamente y sometido a consulta de cualquier forma. El dictamen existe, los problemas que plantea son reales: someter a consulta lo que puede terminar en tragedia no es sino una irresponsabilidad. El costo de optar por Santa Lucía, no sólo en términos políticos sino económicos, y de seguridad, es demasiado elevado.
Pero el costo de seguir con Texcoco lo es aún más, al menos para López Obrador. La cancelación del aeropuerto se convirtió en el leitmotiv de su campaña, y la inviabilidad de su propia propuesta —cuando estaba a punto de anunciarla con bombo y platillos— no hace sino reflejar una falta de preparación y profesionalismo que los mercados internacionales habrán de tomar en cuenta, mientras observan con atención el desarrollo de una crisis que, desde ahora y de manera innecesaria, sigue elevando el costo para el Presidente electo.
Andrés Manuel todavía no asume el poder y ya enfrenta una primera crisis que no ha sabido atender. La consulta, en realidad, le cierra las puertas: de ganar Santa Lucía, la existencia de un dictamen previo le haría responsable de cualquier accidente; si ganara Texcoco, su principal promesa de gobierno quedaría incumplida antes de llegar a la Presidencia. Una promesa que, por lo visto, no estaba sustentada en información real y nunca fue realmente viable, una promesa rota que no es sino el primer accidente del aeropuerto de Santa Lucía. Información Excelsior.com.mx