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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por decisión del PRI y de los llamados “rebeldes” del PAN (Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega), el Senado modificó y aprobó el proyecto de convocatoria para elegir al nuevo titular de la FEPADE, eliminando el “candado” que impedía designar a cualquier candidato vinculado a algún partido político en los últimos seis años.
Con 64 votos a favor, 33 en contra y una abstención, el bloque PRI-PVEM y los también llamados “calderonistas” del PAN suprimieron el sexto punto del proyecto original, dispuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que previamente había sido aprobado por los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, a excepción de la representación del PT-Morena.
A la letra, el punto anulado establecía que los aspirantes no podían “desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección o representación nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político, ni haber sido candidata o candidato a cargo de elección popular en los seis años anteriores a la designación”.
La bancada del PT, así como algunos representantes de PAN y PRD, denunciaron que la medida obedece a que el bloque mayoritario tendría ya un acuerdo del candidato que piensan “imponer” en una supuesta negociación que incluiría no sólo la designación del titular de la FEPADE en el marco del proceso electoral más grande de la historia del país, sino también la próxima elección del fiscal general, que ocupará el cargo durante nueve años.
Luis Sánchez Jiménez, coordinador del grupo parlamentario del PRD, quien incorporó el punto eliminado al proyecto, exigió una explicación sobre el cambio de opinión de sus detractores, toda vez que ya habían aprobado el proyecto original una semana atrás, y recordó que el fundamento de ese “candado” es evitar el conflicto de interés.
Más allá fueron los senadores representantes de PT-Morena. En su turno, Manuel Bartlett calificó la convocatoria, en los términos en que está planteada, como una burla, un acuerdo entre grupos que pretenden “imponer un fiscal que convenga al poder, que no les represente problemas, como el señor fiscal que sacaron, y que amenazaron y atormentaron para que mandara una carta”, dijo aludiendo a Santiago Nieto, destituido por el gobierno federal el pasado 20 de octubre.
Sobre ese punto, Bartlett abundó: “Odebrecht fue parte de la explosión, la indignación contra el fiscal Santiago Nieto al que han corrido, no lo pueden ocultar. El PRI comete un error en creer que con esa destrucción de un fiscal que no les gustó, Odebrecht se va a olvidar. No se va a olvidar porque están acusados a nivel internacional, no pueden escapar los resultados de ese dinero que recibió (Emilio) Lozoya y que se fue a la campaña del PRI. Eso va a salir a la luz porque está instalado a nivel global”, sentenció.
La senadora de izquierda Dolores Padierna coincidió en la teoría de un contubernio que permita al “régimen” nombrar un fiscal electoral incondicional.
“De nueva cuenta evidencian el talente de corrupción y de complicidad que le sigue haciendo tanto daño al sistema político electoral de nuestro país, una convocatoria que sólo convocará a aquellos y aquellas que estén interesados en formar parte de la simulación democrática para rellenar un lugar que hoy está revestido de ilegitimidad y de ilegalidad”, fueron sus palabras.
En este punto, la senadora panista Pilar Ortega se unió a la oposición. Argumentó: “No podemos permitir que quien esté a cargo de la persecución de los delitos electorales sea un militante o sea alguien que tiene un interés político definido, con alguna fuerza política, cualquiera que ésta sea”.
Por su parte, los senadores que tomaron la palabra en representación de la mayoría que votó por eliminar el “candado” de la convocatoria, argumentaron que esa restricción no está contemplada en la ley y que, por tanto, sería inconstitucional.
En una larga exposición, Roberto Gil Zuarth, explicó: “Lo que se está planteando aquí es absolutamente inconvencional, contrario a la Constitución. Por lo menos dos tratados internacionales dicen que es derecho de toda persona acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. De lo que estamos hablando aquí es que cualquier persona tenga la posibilidad de competir en ese proceso”, justificó el panista, aclarando que ello no implicaría nombrar un fiscal que no garantice los principios de imparcialidad y objetividad.
Para Gil Zuarth, la intención de la oposición sería “viciar el procedimiento” de nombramiento del fiscal para que llegar al proceso electoral sin el titular de la FEPADE.
Su compañero, Javier Lozano, calificó la restricción como una “vergüenza”, y arremetió contra los opositores: “Mientras la ley diga lo que dice, les tengo malas noticias: La tenemos que cumplir. Y es entonces que resulta inconstitucional imponer en una convocatoria más requisitos que los que establece la ley. Vamos, mis alumnos de primer año en teoría del derecho lo saben. Es una vergüenza que aquí haya senadores, o que ignoran esto o que simplemente no les importa incumplirlo”, lanzó.
El priista José María Tapia suscribió a los “rebeldes” del PAN, y agregó: “Establecer nuevos requisitos para ser elegible para algún cargo, como bien lo dijeron, y muy bien dicho, los senadores que me antecedieron, es violatorio de sus garantías constitucionales. Cualquier ciudadano con un principio jurídico o con conocimientos primarios de derecho, podría acudir simplemente a un juzgado de distrito y revocar la convocatoria, simplemente sería vergonzoso para el Senado de la República. Estaríamos sobrelegislando. Si no estamos de acuerdo en los requisitos que marca la ley, propongamos una reforma, debatámosla, argumentémosla, pero mientras respetemos lo que dice la Constitución”, dijo el legislador oficialista.
El último en argumentar fue el experredista Alejandro Encinas.
Rebatió: “Nadie ha planteado violar la ley. Deberíamos apegarnos a la legislación que en materia de transparencia y de rendición de cuentas hemos venido estableciendo a lo largo de esta legislatura: eliminar el conflicto de interés en la ocupación de cargos públicos, ya sea en órganos autónomos, o en este caso con esta fiscalía especializada”, dijo Encinas.
Y continuó: “Lamentablemente, el debate lo único que refleja es que ya hay candidato, y que ese candidato ya ha sido militante o representante popular de alguno de los partidos que conformarán la mayoría calificada. Yo creo que si es así, mejor que se plantee de manera abierta y no se quiera de manera subrepticia, al igual que se hizo la institución del Fiscal Especial (sic), pues será un nombramiento que simule un proceso democrático apegado a derecho, cuando en realidad lo que se busca es crear una fiscalía a modo, una fiscalía de consigna para que no sólo siga encubriendo los delitos ya iniciada su investigación, sino los que están por cometerse en el proceso electoral”, concluyó. Información Proceso.com.mx
