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Por Jorge Fernández Menéndez
En la investigación periodística de la Estafa Maestra se denuncia la participación de once secretarías de Estado, una veintena de universidades públicas y varios sistemas de radio y televisión públicos estatales para apropiarse de varios miles de millones de pesos a través de una serie de programas amañados.
La investigación periodística cumple con todos los requisitos que se necesitan profesionalmente de ella, es impecable. Pero una investigación periodística no es un proceso judicial. Demostrar la responsabilidad penal de los distintos funcionarios involucrados no es sencillo: no lo será en la llamada Estafa Maestra como no lo fue antes con Elba Esther Gordillo ni con La Quina ni mucho antes con Díaz Serrano y otros antes que ellos. Trasladar las denuncias periodísticas o políticas al plano legal no pasa por la voluntad, sino por las pruebas y establecer que un secretario de Estado, un gobernador o el director de una paraestatal es personalmente el responsable de un mal manejo no es fácil, porque no suele haber pruebas para inculparlo.
Con las nuevas leyes anticorrupción se puede avanzar, directa o indirectamente, mucho mejor que en el pasado, pero también con el nuevo sistema de justicia penal el proceso se debe llevar en forma absolutamente escrupulosa.
En el caso de Rosario Robles llama la atención que la investigación se haya centrado sólo en ella y no en los demás funcionarios, decenas, que se supone implicados, incluso directamente en los mecanismos de lavado de dinero (la acusación contra Robles es por omisión de sus deberes, o sea, por, supuestamente, no haber informado de irregularidades).
Pero, más allá de eso, hay una falla que podría invalidar todo el proceso: el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, tendría que haberse recusado del caso. El juez es el sobrino de Dolores Padierna, la senadora de Morena, esposa de René Bejarano, quien fuera descubierto cobrando los sobornos a Carlos Ahumada, cuando era el principal operador del entonces jefe de Gobierno, López Obrador. Los enfrentamientos políticos entre Dolores Padierna y Rosario Robles fueron notables desde la época en que ambas estaban en el PRD y después de los videoescándalos alcanzaron las cotas más altas. ¿En realidad alguien puede pensar que el juez, sobrino de Padierna y Bejarano, es el indicado para llevar el caso?
Porque, además, es un juez protagónico que actuó de forma grosera y parcial. Se refirió a la acusada diciendo que era una “joyita”, le dijo “cínica”. Fue el juez el que insistió ante la Fiscalía General de la República para que se investigara a José Antonio Meade y a Enrique Peña Nieto, y fue el propio juez el que decidió ordenar que Robles pasara el periodo de indagatoria en la cárcel, en lugar de hacerlo, como tenía derecho, en libertad provisional. El argumento de que no tiene arraigo en la ciudad no tiene sustento y llega casi al ridículo.
La dureza del juez con Rosario se contradice con la forma en que actuó en otros casos que le han tocado, como el del Felipillo, el hijo del jefe del Cártel de Tláhuac, al que ordenó liberar, ante la sorpresa de las áreas de seguridad capitalinas, pese a que había sido detenido con armas y drogas.
Las irregularidades cometidas podrían llevar, como ha ocurrido en otros casos, a determinar que hubo fallas al debido proceso, anulando el procedimiento judicial.
No se trata sólo de encarcelar a alguien que, además, ha sido un notorio adversario político, sino de hacer justicia. Si Rosario Robles y los demás involucrados en el caso son responsables, deben ser castigados, pero debe ser con base en un proceso legal impecable, no por una decisión judicial impregnada de intereses políticos e, incluso, de venganzas familiares.
PUEBLA
Es difícil de entender por qué la nueva administración poblana, que encabeza Miguel Barbosa, quiere deshacerse de una de las obras emblemáticas de la capital del estado, el Museo del Barroco, una obra arquitectónica espectacular que ha revalorizado (como lo hizo el Guggenheim con Bilbao) todo el entorno urbano. Cerrarlo o transformarlo en otra cosa sería un crimen contra el patrimonio nacional.
Es más desconcertante aún porque, al mismo tiempo que se plantea acabar con la obra más emblemática (y sin duda la más defendible) del periodo de Rafael Moreno Valle, no se ponga el esfuerzo suficiente en esclarecer las muertes del senador y de su esposa, la gobernadora Martha Erika Alonso. Cada día que pasa y cada información que se conoce ponen en duda, cada vez más, la versión del accidente.Información Excelsior.com.mx