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Por Francisco Garfias
La frase es de Donald Trump. La pronunció el 31 de marzo de 2016, durante una entrevista que dio cuando se postulaba como Presidente de Estados Unidos. “El verdadero poder es el miedo”, dijo.
Aparece en la contraportada del libro Miedo. Trump en la Casa Blanca, del periodista Bob Woodward, ganador del Pulitzer, junto a Carl Bernstein, por su cobertura del escándalo de Watergate.
Me vino a la mente por lo que ocurre en ese “tribunal mediático” —el calificativo es de Federico Berrueto— en que se han convertido las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Antier le tocó a los “simuladores” de la “prensa fifi”. Ayer, al Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, presidido entonces por el empresario Alejandro Ramírez. Pero también a Alejandro Quintero, expublirrelaconista de EPN; a un “señor Piña”; al propio Federico Berrueto, y otros más.
Los relaciona con “propaganda negra” contenida en el documental El populismo en América Latina, elaborado durante la campaña electoral federal 2017-2018.
A todos les recordó que están por aprobarse las reformas al artículo 19 de la Constitución, que castigan con cárcel los delitos electorales.
El caso se denunciará ante la Fiscalía de Delitos Electorales y se dará vista al Instituto Nacional Electoral.
¿Le suena a amenaza? A mí me parece un ataque frontal a la libertad de expresión. Algo que creíamos superado.
¿Ya no se pueden hacer documentales que no le gusten al Presidente? ¿Desaparece esa libertad? Es pregunta.
No me es suficiente el alegato de que se viola el sistema electoral mexicano, que el documental se brinca la prohibición de que los privados financien campañas, para justificar semejante advertencia. ¿Volvimos a las cavernas?
Nos lo advertía hace días el director del CIDE, Sergio López Ayllón, al manifestarse en contra de las reformas al artículo 19, que amplía a lo electoral el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa
“Hasta llevar una credencial del INE falsa puede costarte la cárcel”, alertó.
En otras “mañaneras” les ha tocado juicio y condena a exfuncionarios que hoy trabajan en empresas privadas.
Por ese “tribunal mediático” pasaron el titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, exhibido como lavador y defraudador, y la senadora Josefina Vázquez Mota.
Pero también a las tenedoras de estancias infantiles, a las que administran refugios de mujeres violentadas, los miembros de organismos autónomos, y para qué seguir…
Feo asunto el de la supuesta “campaña negra” en contra de AMLO que, a juzgar por los resultados en las urnas, no tuvo efecto negativo alguno.
Malo que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, haya sido utilizado para amedrentar a los involucrados.
Fui su férreo defensor cuando el PRI lo defenestró en el Senado por empujar en el caso Odebrecht-Pemex.
Parecía más valiente.
Nieto hizo públicas investigaciones en curso que no se deben divulgar.
Dijo:
“Se identificó, por el lado del Bufete de Proyectos, Información y Análisis, SA de CV (BPIA), que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de dos mil 500 millones provenientes de la coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad del Gobierno del Estado de México —cuando Eruviel era gobernador— sin aparente justificación.
“Estos recursos que recibía el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América.
“Estamos investigando si también otros de los elementos relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 también provinieron de estas fuentes ilícitas de financiamiento”, dijo.
Federico Berrueto, director general del citado bufete, reviró: “Nieto no sólo divulga, sino que interpreta. Afectó el debido proceso”.
El periodista-empresario se declaró dispuesto a comparecer ante las autoridades y defender su reputación, aunque eso implique convertirse en el “primer preso político de la 4ª Transformación”.
Berrueto, por ejemplo, niega categórico que la transferencia de 48 millones de pesos que BPIA hizo a Grupo TV Promo, de los hermanos Quintero, haya servido para financiar al documental. “Fue para otra cosa”, recalco.
Lamentó, eso sí, que las autoridades hayan violentado la presunción de inocencia y que empresas que tienen relación con BPIA hayan sido mencionadas. “Hay daño reputacional”, subrayó.
Berrueto se reservó su derecho a actuar ante las instancias oficiales para hacer valer sus derechos.
La empresa OHL, hoy Aleática, también reaccionó. Se deslindó, en un comunicado, de señalamientos en el sentido de que financió la famosa “campaña negra” contra el hoy Presidente de la República.
“Su relación contractual con el bufete ha consistido en la prestación de múltiples servicios profesionales independientes de consultoría, con el objetivo de la reputación y posesión legal de la compañía”, puntualizó.Información Excelsior.com.mx