Emilio y César

Por Yuriria Sierra

Para la hora en que se publique esto, con seguridad Emilio Lozoya ya estará de regreso en México, el lugar que le significó tanta bonanza y abundancia. Puestos de primer nivel sobre la mesa y, aparentemente, jugosos sobornos por debajo de ella.

El exdirector de Pemex fue extraditado después de tantos meses y de tantas ocasiones en que negó su culpabilidad y sus vínculos con el escándalo internacional de Odebrecht, por mencionar alguna de sus acusaciones. Huyó del país para protegerse y defender su imagen, aseguró en aquel entonces; pero regresa esposado y con camino directo al Reclusorio Norte.

The show must go on dijimos hace unos días. La pandemia ahí está, en el planeta entero, pero en nuestro país nos condena a las preguntas que no encuentran certera respuesta de las autoridades sobre su labor frente a la emergencia sanitaria. Y seguirá, el show seguirá.

El caso de Lozoya es pólvora para una administración a la que le urgen triunfos que engrosen su narrativa de cambio y le den distancia de aquella clase política de la que no ha logrado distanciarse del todo, así lo anunció ayer Andrés Manuel López Obrador: “Esta extradición voluntaria va a ayudar mucho para ir purificando la vida pública, para ir limpiando de corrupción el país…”.

Aunque, por ahora, esa limpieza parece ser exclusiva al pasado, un signo más de la falta de autocrítica.

Y la llegada de Lozoya se antoja llena de sobresaltos. Los trascendidos que anuncian videoescándalos y acusaciones contra personajes públicos en el sexenio pasado serán alimento para la narrativa que busca un partido que espera conservar la mayoría legislativa y un Presidente que desea a toda costa que esto ocurra, para facilitar su sueño de transformación.

Esa extradición voluntaria habrá significado algo para quien la aceptó, no así para quien desde el primer señalamiento en su contra se encargó de su defensa, pues hasta renunció al caso. El exdirector de Pemex no llega a México dispuesto a aceptar culpas, sino a no ser el único que las pague.

Y el anterior será el expediente que resultará en un mejor espectáculo político; porque, en contraste, el caso de César Duarte amenaza con estancarse. A pesar de que la Fiscalía de Chihuahua tiene aseguradas 54 propiedades del exgobernador con valor de 500 millones de pesos. Además de tener identificadas más en otras entidades y en Estados Unidos. De tener indicios para demostrar que fueron adquiridas con dinero ilícito y desvío de recursos, ayer jueves, Duarte promovió un amparo para evitar que México pida su extradición a una corte en Florida, donde fue localizado y detenido.

El suyo podría ser un proceso de meses y meses de audiencias en las que no se avance.

El otro integrante de ese PRI de una “nueva generación”, parece no estar dispuesto a caer tan fácilmente a pesar de su arresto. No querrá involucrar a nadie, pero tampoco desea rendir cuentas.

El asunto es que estos casos hay que seguirlos, pero no deben quitarnos los ojos de esos otros temas, en donde la administración actual sí tiene toda responsabilidad. Información Excelsior.com.mx