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El 17 de abril pasado, la Secretaría de Educación Pública lanzó la campaña “Si te drogas, te dañas” cuyo objetivo es informar a los estudiantes del país sobre los riesgos que implica consumir drogas.
Días antes, el 11 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “Tenemos que evitar que se extienda el problema de la drogadicción, sobre todo el uso de drogas químicas como el fentanilo, que tantos muertos lamentablemente ocasionan; cómo nos protegemos, nos blindamos, para que nunca tengamos este grave y lamentable problema de las sobredosis y las muertes por fentanilo, que es una pandemia. Todo esto, acompañado de campañas en las escuelas y en los medios de información”.
Y poco más de dos años antes, el 26 de febrero de 2020, como para explicar o justificar la alta tasa de homicidios dolosos en el país, afirmó que el “60% de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están ajo los efectos de drogas o de alcohol, pero fundamentalmente de drogas… necesitamos dejar en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, las drogas químicas, destruyen”.
Por sus palabras y la campaña “Si te drogas, te dañas”, parecería que AMLO está muy enterado y preocupado por todo lo que representa el consumo de drogas, pero por sus actos demuestra todo lo contrario.
¿Cómo es posible resolver un problema si no se conocen las características y magnitud?
Me explico.
Desde 1988 la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), dependiente de la Secretaría de Salud, realizaba cada cinco años la Encuesta Nacional de Adicciones (ENCODAT). La más reciente, que debía llevarse a cabo en 2022, no se hizo debido a la falta de recursos que causó la mal entendida y aplicada “austeridad republicana” decretada por AMLO. Para realizarla se necesitaban 150 millones de pesos que el gobierno supuestamente no tenía.
Así las cosas, lo único que saben los burócratas federales responsables de combatir las adicciones, desde el presidente hacia el menos importante de los funcionarios, es lo que arrojó la ENCODAT 2016-2017. Dicha encuesta que se realizó entre el 1 de junio y el 30 de octubre de 2016, hace ya casi siete años , por lo que sus datos no reflejan la realidad actual.
En este espacio escribí el 18 de abril pasado que es necesario que se realicen “más y mejores estudios y encuestas con el objeto de conocer la magnitud del problema del consumo de las drogas porque, hasta ahora, la información disponible resulta insuficiente para poder medir la efectividad de la campaña”.
Hace una semana la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD) presentó su Informe Mundial sobre las Drogas 2023, la tabla donde aparece la prevalencia de consumos de diferentes drogas en cada país muestra que los estudios más recientes del asunto se realizaron en 2019 en Canadá y en 2021 en Estados Unidos.
Si el problema del consumo de las drogas realmente le preocupara a Andrés Manuel y a su gobierno, ¿no sería lógico suponer que habría ordenado realizar los estudios necesarios para conocer su magnitud? Sin información actualizada, ¿de dónde obtuvo el dato que le permitió afirmar que el “60% de los asesinados en enfrentamientos se demuestra que están bajo los efectos de drogas o de alcohol”?
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