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Luego de un proceso técnico de análisis, planeación y programación de proyectos indispensables para cumplir eficazmente con la demanda creciente del servicio de impartición de justicia, el Poder Judicial del Estado de Yucatán envió al Ejecutivo Estatal el pasado día 15 su Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, en el que se contemplan recursos para los tres órganos que lo conforman, con base en una planeación transparente, detallada por rubro y que permitiría el seguimiento y evaluación del gasto, en el marco de la política de eficiencia prevaleciente en Yucatán y en el país.
El proyecto, aprobado por los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, así como por la Comisión Especial del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, se planteó de forma exhaustiva y transparente, con el desglose de cada Capítulo de Gasto, Partida Genérica y demás clasificadores de gasto. Detalla lo requerido en cada proyecto y acciones que se encontraban pendientes desde hace varios años, las urgentes y las nuevas, incluyendo aquellas que se prevén de acuerdo con pronósticos de mediano plazo.
De ser aprobado este proyecto en sus términos e incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que conoce y aprueba anualmente el H. Congreso del Estado de Yucatán, se establecerían claramente las acciones que serán financiadas en 2019 y cuáles quedarían pendientes para los años subsecuentes (2020 y 2021). De este modo el Congreso del Estado asignaría al Poder Judicial un presupuesto basado en programas, proyectos y acciones específicas.
Lo más relevante de esta propuesta y que se enmarca en la política de eficiencia en el gasto que vive Yucatán y el país, es que se evitaría que la distribución y ejercicio asignado quede al criterio del ejecutor de gasto. Por el contrario, sería posible un seguimiento puntual del mismo, así como la evaluación de su ejercicio, el cual se propone por un monto de $929,140,176.00 M.N. de los cuales $224’072,084.00 M.N serían para el Tribunal Superior de Justicia; $685,354,041 para el Consejo de la Judicatura y $19,714,051 para el Tribunal de los Trabajadores.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Marcos Alejandro Celis Quintal, explicó que “como todo servicio público, el de impartición de justicia está sujeto a principios y políticas públicas que no podemos obviar, como aplicarse en forma pronta y expedita, con igualdad de acceso, imparcialidad y garantías de debido proceso, así como la política pública de la oralidad, entre otros”.
“Para cumplir esos principios y políticas requerimos recursos humanos jurisdiccionales con capacidades excelentes y permanentemente actualizados en sus respectivas áreas de conocimiento, además de que es necesaria infraestructura y otros recursos materiales para prestar el servicio de impartición de justicia en condiciones óptimas en beneficio de los justiciables”, agregó.
Explicó que el hecho de que los sistemas familiares, penales y mercantiles sean orales exige del personal de los juzgados y tribunales más tiempo y capacitación del que destinaban en los sistemas anteriores, lo que sumado al crecimiento exponencial de la población implica, estadísticamente, un aumento en los conflictos entre particulares que deben resolverse en tribunales, aumento que contrasta con la media de 2.9 jueces por cada 100 mil habitantes que registra Yucatán, por debajo de la media nacional.
Señaló que la falta de un presupuesto adecuado provocaría una insuficiencia en la capacidad que actualmente tiene el Poder Judicial que podría derivar en el diferimiento de audiencias, afectando con ello la oportunidad y aceleramiento de los procesos.
Recordó que este año, por efecto de reformas federales, el Poder Judicial de Yucatán deberá atender todos los asuntos laborales, lo que requiere infraestructura, personal y equipos, además de que aumentarán los casos en materia mercantil, al integrarse otros al sistema oral.
