POr Yuriria Sierra
“La independencia judicial no es una entelequia, es un presupuesto indispensable para que haya un Estado constitucional de derecho (…) Iniciaremos un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes. Independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo; dialogaremos siempre, partiendo del supuesto de la defensa de nuestra independencia…”, expresó el ministro Arturo Zaldívar al tomar protesta como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace apenas una semana.
Aquel fue un primer aviso. Hoy sabemos que es una política activa. La SCJN entiende los tiempos y actúa en consecuencia con la intención de abonar a la estabilidad política del país y al fortelecimiento de un Estado de derecho que urge por razones para reconocerse en proceso de fortalecimiento. El martes, informaron los ministros que se suman a la austeridad que promueve el Gobierno de México. Parecía un tema finiquitado con la división de Poderes, pero desde la Presidencia de esta tribuna del Poder Judicial, nos dicen que aquella puede ser respetada y, al mismo tiempo, ser parte de esta nueva política del Estado: “Sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que la propia Constitución establece…”, detallaron en un comunicado.
Así, del total de los ministros, cuatro contaban con un salario de más de 4 millones 100 mil pesos anuales, el resto percibe más 3 millones. Los once han decidido bajar estos ingresos en un 25 por ciento. No estaban obligados, pero lo hicieron: “las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de otros Poderes. Sin embargo, ello no impide que en ejercicio de su independencia y autonomía de gestión presupuestal, la Suprema Corte ejerza una autorregulación de las remuneraciones de sus integrantes…”, agregaron. No fue una imposición, se trata de una decisión tomada con toda autoridad y autonomía. La Corte lo hace en sus términos, que no precisamente son los que Presidencia habría querido, que no son los que les exigían hasta hace unas semanas. No fue una anuncio hecho bajo presión. Fue, en realidad, un acuerdo con el que la Corte se reconoce como una estructura del Estado Mexicano que sabe leer las señales que da un país que necesita a sus estructuras e instituciones marcando una línea de empatía. La misma Constitución de los Estados Unidos Mexicanos precisa que la remuneración de los ministros no puede ser disminuida por orden de otros Poderes de la Unión. Sin embargo, han optado por abonar a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que también les marca la Carta Magna.
La presidencia de la Corte entiende los tiempos que atraviesa México, y a través de su anuncio garantiza un camino que evita conflictos innecesarios. Arturo Zaldívar inicia así su periodo al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendiendo puentes de diálogo al interior que, inevitablemente, encuentran salida fuera del Poder Judicial, y que fomentan la política del acuerdo y el intercambio de ideas.
En días próximos se detallará esta nueva política, sabremos cuánto percibirá cada ministro. Zaldívar detalló que la decisión no afecta a otros integrantes del Poder Judicial de la Federación, menos aun a quienes tramitaron amparos para evitarla. Es, pues, una política tomada con total sensatez y visión de Estado que deben aplaudirse. Información Excelsior.com.mx