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Por Yuriria Sierra
La prostitución infantil, la pornografía infantil, los matrimonios forzados, la venta de menores, son un delito. Y no pueden minimizarse, no pueden evadirse sólo diciendo que ocurren a causa de usos y costumbres. No y no. Por supuesto que la máxima figura, la que manda en el Poder Ejecutivo, los tiene que condenar, repetimos: son un delito. Y no sólo debe condenarlos, también es su obligación combatirlos con toda la fuerza del Estado. No hay manera de justificar que las tradiciones pesan más que la violación de la ley y los derechos de las personas, de miles de menores de edad.
Descalificamos cuando, también por usos y costumbres, en el mundo árabe las mujeres son obligadas a permanecer en su casa, a vivir con miedo, a ser castigadas o a perder la vida por violar sus tradiciones de carga religiosa. Hace unas semanas, el mundo entero condenó cuando las mujeres afganas dieron pasos atrás para regresar a los años en que no podían ni siquiera salir a la calle con el rostro descubierto. Esos no son usos y costumbres, son violaciones a los derechos humanos.
Y así como insisten en la narrativa de que somos los medios quienes tergiversamos la información; así también insistimos en que no hay tradiciones que estén por encima de la ley, no hay nada que justifique el tráfico de personas, porque es eso: la venta de un ser humano es trata de personas, y no importa que sea la excepción en comunidades de alta vulnerabilidad, no debe ocurrir un solo caso. Aunque no entender esto es tal vez la razón para lo anotado en el Presupuesto de Egresos del próximo año y ya palomeado en el Senado, el llamado viene de la organización Equality Now:
“Aun cuando el Anexo 13 presenta un aumento superior al 80% con relación a lo aprobado para 2021, es preocupante que, en términos reales, el incremento esté dirigido casi en su totalidad a los programas insignia del gobierno federal, los cuales no cuentan con la planeación necesaria para prevenir o combatir las violencias contra las mujeres. En contraste, los programas que sí están orientados para tales fines tienen incrementos apenas equivalentes a la inflación o, incluso, menores. La atención a víctimas y el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas, bolsa de la que salen recursos para la debilitada iniciativa de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIS), tendrían menos recursos en términos reales…”.
Menos dinero para la atención de las necesidades de las mujeres habitantes de zonas donde predominan los usos y costumbres, retrata con lamentable perfección el por qué se minimizan fenómenos terribles como la venta de menores.
“No, y hay que seguir denunciándolo y no permitirlo, no permitirlo. Y no puedo hablar más, por respeto, pero ya dije algo, la prostitución, que se debe de condenar, se da de arriba abajo…”, insistió ayer el Presidente en Palacio Nacional, porque en su narrativa, antes que condenar y combatir, está la confrontación. Esto no es un tema de clases, en todo caso, es un llamado para atender todos los frentes a la población más vulnerable, que no sólo son comunidades en la sierra, son también nuestras niñas, niños y adolescentes en todas las regiones del país. Información Excelsior.com.mx