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MÉRIDA, Yuc., 21 de marzo 2025.- Un nuevo caso de fraude inmobiliario sacude a Yucatán. Juan Carlos Martinez denunció en redes sociales a Gabriel Antonio D.A., tras descubrir que la casa que apartó en Cholul estaba hipotecada. Esto al recibir una notificación del banco HSBC donde está exigiendo la entrega del inmueble, debido a que el inmueble está hipotecado por esta institución bancaria y la resolución legal exige la entrega del inmueble.
HSBC ha confirmado que Gabriel Antonio D.A., ha sido señalado en múltiples ocasiones por fraude financiero. Según la institución bancaria, ha incurrido en préstamos fraudulentos e hipotecas con diversas instituciones Bancarias. Estos hechos llevaron a la presentación de una denuncia formal con el expediente 463/2023, promovido por el Juzgado Cuarto Mercantil con fecha del 4 de febrero de 2023.
El requerimiento judicial menciona específicamente la hipoteca del lote donde se ubica el Predio Julieta en Cholul, el cual Dávila Alva habría intentado vender a otras personas a pesar de su situación legal. Como resultado, tanto el comprador como el banco han sido perjudicados gravemente.
Hasta el momento, Gabriel no le da la cara al afectado, presume que reside en alguna parte de Mérida junto a su pareja, un ciudadano de origen cubano.
Además, en reiteradas ocasiones, D.A., ha presumido de su impunidad, asegurando ser “intocable” debido a su vínculo con una familia política yucateca, de quien se dice ahijado. Al grado que en lo juzgados siempre habla de su impunidad de la autoridad.
Lo más grave del asunto es que, a pesar de la denuncia y la evidencia de fraude, el inmueble sigue siendo promocionado para su venta en redes sociales. En un video reciente de TikTok, se puede ver cómo se anuncia el inmueble en cuestión, lo que pone en riesgo a más posibles compradores incautos que podrían caer en el mismo esquema fraudulento.
https://vm.tiktok.com/ZMhJWLbGH/
El caso pone en evidencia una vez más los vacíos legales y la falta de supervisión en el mercado inmobiliario, dejando a los compradores en un estado de vulnerabilidad ante personajes sin escrúpulos que operan con total impunidad. Mientras la justicia sigue su curso, los afectados exigen acción inmediata para evitar que más personas sean víctimas de estas prácticas fraudulentas.
