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Por Yuriria Sierra
Una menor celebró su cumpleaños el pasado mes de abril. Vive en Zacatecas. El que tendría que ser un día de celebración se transformó en su peor pesadilla. Una noche antes, después de algunos festejos en casa de su abuelo, informó que saldría a recibir un obsequio. Eran las 10 de la noche. Nada extraño, era un día de fiesta. Sin embargo, nadie supo de ella hasta seis horas después. No respondió mensajes y tuvieron noticias cuando desde su teléfono marcó un hombre y le dijo a su tía que la adolescente se encontraba muy mal. La llevó a su casa, sus primas la sacaron del vehículo en que llegó, escuchaban gritos de auxilio. El conductor fue señalado por la víctima como su agresor, también es menor de edad. La menor declaró que le dio mezcal y abusó de ella. Sus familiares lo retuvieron en espera de las autoridades.
A pesar del actuar de los elementos de policía que llegaron para atenderlos, el proceso comenzó a entorpecerse cuando el caso llegó a manos de la fiscal que revisa delitos contra las mujeres. La joven estuvo en contacto con el agresor aun en las instalaciones de la dependencia de justicia donde llegaron a rendir declaración, sobra decir que fue un proceso de varias horas. Tampoco la sometieron a la prueba de alcoholemia para confirmar que la obligaron a ingerir bebidas para provocarle pérdida de conciencia. Tras la revisión del auto, se encontraron huellas de manos en ambos en el vehículo; también rastros de semen, pero no hubo confronta entre el ADN del acusado y los fluidos hallados; tampoco se utilizaron herramientas de geolocalización para confirmar los lugares donde ambos estuvieron la noche de la agresión. Además, la defensa del joven señalado presentó documentos falsos para argumentar causas de salud que lo califique como inimputable. Todo esto me lo narró en Imagen Noticias Mara Muñoz, la abogada de la víctima.
Este caso retrata el sistema con el que se imparte justicia en nuestro país, más aun cuando hablamos de delitos por motivos de género. A pesar de esta realidad que hemos contado ya por varios años, horas antes de difundir este caso, en Palacio Nacional nos afirmaron que la mayoría de los delitos han bajado su incidencia, incluida la violación y el feminicidio. Sin embargo, a Andrés Manuel López Obrador lo desmienten las cifras de su propio gobierno. Entre enero y julio, se abrieron 549 carpetas de investigación por este delito, en el mismo periodo del año anterior, fueron 500, según lo registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese es el tema. Si bien, no se responsabiliza al Estado de los crímenes, sí de su nula actuación, ya no sólo para prevenirlos, sino también para dar garantías de que esas carpetas que se investigan, terminarán en sentencias y condenas luego de un procedimiento impecable. Y en el caso de esta administración, comenzar por reconocer el problema. Eso es lo que piden colectivos, organizaciones y víctimas. Las causas de que el sistema opere así, son también corrupción, Presidente. Información Excelsior.com.mx