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Valladolid, Yuc., 12 de octubre 2024.- Una red de corrupción en la pasada administración para presuntamente desviar millonaria suma por ingreso de turistas al cenote Zací quedó al descubierto en las investigaciones que se realizan contra la administración que encabezó Alfredo Fernández Arceo, quien llegó a la alcaldía abanderado por el PAN y Nueva Alianza.
De acuerdo con revelaciones hechas por el tesorero municipal, Jesús Graniel Loría, en total fueron $9.386,490 los ingresos por la venta de brazaletes a turistas para el acceso al cenote Zací en un período de tiempo.
Sin embargo, la administración de Fernández Arceo solo documentó el ingreso a las arcas municipales de $1.861,380, de modo que hacen falta $7.525,110.
Graniel Loría reveló que de acuerdo con las averiguaciones hechas, era la entonces directora de Comunicación Social quien acudía a la Tesorería por el dinero que le daba la directora de Ingresos y luego, presumiblemente, se lo entregaba al primer edil.
El actual tesorero también dijo que al rastrear el destino del dinero se entrevistó a su antecesor, pero éste respondió que entre él y el alcalde habían acordado no depositar los recursos.
En relación con la persona que fue jubilada a los 35 años de edad, como parte de las investigaciones se contacto al médico que supuestamente expidió una constancia de enfermedad que justificaba que el empleado ya no podía seguir trabajando.
Sin embargo, el profesional negó haber expedido tal documento y que incluso no conoce a la persona que lo involucra.
Documentan irregularidades
Por si fuera poco, la firma del facultativo avalada por el INE no coincide con la que aparece en la “constancia”. Los pagos a ese “jubilado” se congelaron en lo que concluyen las investigaciones.
El tesorero municipal, Jesús Graniel Loría, mostró documentos que prueban las irregularidades cometidas en la administración anterior que encabezó Alfredo Fernández Arceo, como un listado de los depósitos incompletos que se hicieron de los recursos captados en el cenote Zací.
Del mismo modo se mostró una supuesta constancia, al parecer falsa, que presentó un empleado para que lo pensionen con un salario de más de $15,000 mensuales; un listado de los exfuncionarios que se les adjudicó uno o dos locales comerciales en el mercado municipal, además de dos recibos en donde se depositaron “los moches” a una cuenta particular, en el caso de los cobros para otorgar anuencias para que restauranteros puedan vender bebidas alcohólicas, entre otras cosas.
Ayer publicamos que el exalcalde Fernández Arceo, en un vídeo intentó aclarar y negar las denuncias que hizo en su contra el actual edil Homero Novelo Burgos, pero en las explicaciones que dio no mencionó todos los puntos que se señala como presuntas irregularidades.
Graniel Loría mostró un documento en donde se observa que antes del pasado mes de junio, previo a las elecciones no se hacían los depósitos en la tesorería de manera oficial de los recursos que se captaron por concepto de ingresos en el cenote Zací.
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Sin embargo, al perder la elección, el hoy exalcalde y sus colaboradores intentaron componer la situación y lo enredaron aún más, pues luego saltaron varios meses y comenzaron a realizar los depósitos.
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Demostraron la venta de 149,000 brazaletes de acceso al cenote, lo que hace un equivalente a $8.940,000 ya que el boleto de entrada es de $60 por persona; luego se continuó con otros folios de la venta de otros brazaletes con un monto de $148,666, lo que hace un total de $9.386,490.
Sin embargo solo se demostró el ingreso de $1.861,380, de modo que hacen falta $7.525,110.
Loría dijo que se cuestionó al extesorero Joaquín Villalobos Dzib sobre el asunto pero respondió que entre él y el alcalde habían acordado no depositar ese dinero.
El tesorero explicó que tiene entendido que la ex directora de Comunicación Social, Ariadne Sánchez Chan, era quien entraba a la tesorería por los recursos que le entregaba la exdirectora de Ingresos, Mariela Canché Estrella, de modo que se tejió una red de corrupción interna entre la tesorería y la encargada de comunicación del Ayuntamiento. Se presume que ésta se lo entregaba al exprimer edil.
Otro documento que se mostró es una constancia médica expedida por el doctor Edgar Sánchez Aguilar a nombre de José Baltazar Castillo Braga, a quien supuestamente se le detectó una enfermedad que lo inhabilita para trabajar, lo cual presentó como prueba para que lo pensionen con 35 años de edad y con un sueldo de $15,667 mensuales.
Documentos apócrifos y firmas falsas
Sin embargo el mismo tesorero se comunicó con el médico, quien tiene su residencia en la ciudad de México y éste dijo que nunca ha expedido tal constancia, mucho menos conoce a quien presentó ese documento.
Se cotejó la firma de la credencial del INE del médico con la de la constancia y no coinciden, de manera que es un documento falso.
Al exempleado no se le paga su pensión en tanto la situación no quede aclarada.
También se presentó un documento con el listado de 16 personas a las que les entregaron en supuesta concesión locales comerciales en el mercado municipal, pero no se cuenta con el acta de Cabildo en donde se hayan aprobado dichas concesiones, de modo que también es una irregularidad.
La mayoría de los que figuran en el listado son familiares de exfuncionarios, incluso está el nombre Jason Alberto Poot Aguilar, hijo de la exregidora panista Gabriela Aguilar Coronado. Información Megamedia
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