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Creo firmemente que Yucatán tiene un gran futuro, hemos trabajado para que así sea, pero también creo que no debe construirse el rumbo aplastando la cabeza de los ciudadanos y menos violando sus derechos fundamentales. Todos tenemos dignidad y nos gusta ser tratados como personas valiosas para su estado y valiosas para su prójimo.
Quienes hemos tenido la dicha de trabajar en el servicio público conocemos las carencias que existen para lograr nuestros objetivos, pero también sabemos que la parte más valiosa que tiene el gobierno para entregar buenos resultados, es la gente, son los trabajadores que ponen todo su tiempo y experiencia por Yucatán.
En estos días he recibido llamadas de trabajadores, que se encuentran verdaderamente preocupados por los despidos injustificados, que se están llevando a cabo de forma indiscriminada en diversas oficinas del Gobierno del Estado, preguntando sobre sus derechos laborales, ya que se sienten amenazados por quién debería generarles certeza, que en este caso, es el propio Gobierno del Estado.
En atención a sus llamadas, ofrezco mi apoyo y el de mi equipo para salvaguardar en la medida de lo posible sus derechos fundamentales junto a Ustedes; siendo así, me permito expresar los siguientes comentarios:
Nuestra Carta Magna en el párrafo tercero del Artículo Primero establece que: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
De igual forma señala que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Y por si esto no fuera suficiente, para ilustrar en materia de derechos fundamentales el artículo 123 establece el derecho y la garantía de todos los mexicanos a contar con un trabajo digno, bien remunerado con acceso a la seguridad social. Asimismo, los tratados internacionales como la Constitución misma establecen el derecho al trabajo como uno de los más sagrados derechos a que debe aspirar el ser humano para asegurar su subsistencia y la de su familia.
En este orden de ideas, nadie puede o debe obligar a presentar su “renuncia voluntaria” a un trabajador y menos por motivos discriminatorios, por razones políticas, religiosas, ideológicas o por la simple intención de querer violentar sus derechos; y algo que deben saber los trabajadores sobre sus derechos laborales es que son irrenunciables, por tanto si los despiden injustificadamente o los obligan a presentar su renuncia con la presión de un guardia de seguridad o del jefe inmediato sin atender sus prestaciones y derechos laborales, esta carecerá de valor.
Por otro lado, a través de las redes sociales y de los distintos medios de comunicación se ha informado a la ciudadanía, que en estos primeros días del mes de octubre el gobierno del estado ha obligando a renunciar a mujeres y hombres de sus empleos con amenazas y coacción física y moral, siendo que cuando estos no acceden a abandonar su empleo, simplemente los despiden injustificadamente sin importarles su perfil, antigüedad laboral y mucho menos su necesidad económica o derecho a los alimentos, tratándolos con acciones claramente discriminatorias en pleno momento en que nuestra democracia esta fortaleciéndose en Yucatán y México.
Por lo anterior, los trabajadores de base, los sindicalizados y los denominados trabajadores de confianza, no deben firmar su baja o renuncia bajo amenaza o coacción, menos aún, si no se les liquida conforme a derecho y en todo caso pueden acudir a las instancias legales para hacer valer sus derechos.
Cómo ciudadanos respetuosos del marco jurídico nos solidarizamos con los trabajadores que están sufriendo humillaciones y despidos injustificados por parte del Gobierno del Estado y estamos listos para acompañarlos en la lucha por el respeto a sus derechos fundamentales.
Finalmente, como ciudadano yucateco, desde acá hago un llamado al Gobernador Mauricio Vila Dosal para que rectifique su postura que dista del compromiso que adquirió con la ciudadanía y reinstale en sus plazas laborales a las personas que fueron despedidas injustificadamente o en su caso, si corresponde la terminación de la relación laboral, ordene que los trabajadores sean liquidados conforme a derecho, pagándoles todas las prestaciones de ley.
Quedo a sus atentas órdenes.
