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Cancún.-Extensa red de extorsión afecta a más de 300 propietarios de pequeños comercios, quienes son víctimas de una “cuota” mensual que van de los 5 a los 40 mil pesos y que generan “ganancias” de hasta 250 mil mensuales.
La estructura de corrupción está a cargo de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Dirección de Fiscalización Municipal, quienes fueron denunciados por las víctimas.
Los comerciantes ahora no sólo padecen las extorsiones del crimen organizado por medio del “derecho de piso”, sino que deben enfrentarse a las extorsiones por parte de funcionarios de cualquier nivel.
De manera anónima, un comerciante denunció la red de extorsión que se ha tejido por parte de inspectores de la Dirección de Fiscalización Municipal y de un sujeto que se ostenta como elemento de la PGR quien incluso anda armado.
De acuerdo con la denuncia, las extorsiones van dirigidas hacia alrededor de 300 comerciantes que manejan máquinas de videojuegos en sus negocios en Cancún, y son amenazados con ser detenidos por la PGR si no pagan una “cuota” mensual.
Los pagos pueden ser de cinco, 10, 20 o hasta 40 mil pesos mensuales, cifra que depende de la cantidad de máquinas que manejan.
El agraviado dijo haber presentado ya una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el delito de amenazas, pues por negarse a pagar las cuotas, ahora es amenazado de muerte si no paga 100 mil pesos.
El modo de operar en esta red de extorsión y corrupción, es que un inspector de la Dirección de Fiscalización Municipal identificado como “Trinidad”, llega a los comercios donde hay máquinas de videojuegos o tragamonedas, pidiendo que exhiban los permisos correspondientes, sabiendo que no se otorgan permisos para dichas máquinas.
El comerciante confirma que no hay tal permiso y entonces, el inspector de fiscalización le exige un pago mensual, para no asegurar las máquinas y no ser detenidos.
Si el comerciante se niega a pagar, el inspector “Trinidad” le habla por teléfono a un sujeto al que han identificado como Juan Carlos V., quien llega después a bordo de una camioneta, portando un arma de fuego y se identifica como elemento de la PGR.
Si la negativa a pagar persiste, las máquinas son retiradas por el supuesto elemento de la PGR, pero no son puestas a disposición del Ministerio Público Federal, sino que son repartidas entre los comerciantes que si pagan la extorsión.
El negocio genera una gran cantidad de ganancias, pues existen comerciantes que cuentan hasta con 300 máquinas de videojuegos, por lo que se llegan a embolsar hasta 250 mil pesos mensuales.
Para demostrar que pagan la extorsión, hay comerciantes que incluso pegan una estampa con las siglas de la PGR, lo cual indica que están cumpliendo con sus cuotas.
Y a esta red de extorsiones “oficiales”, se suman las que realizan las células del crimen organizado que operan en Cancún, por lo que los comerciantes se ven desprotegidos y sin saber a quien acudir para acabar con esta situación que sin duda, merma sus ingresos que van destinados al sustento de sus familias.
Pero no sólo los pequeños comerciantes padecen de extorsiones, pues como ha salido a relucir desde tiempo atrás, los empresarios han sido el blanco de las extorsiones del crimen organizado mediante el famoso “derecho de piso”.
Son obligados a pagar “cuotas” de manera semanal, quincenal o mensual, a cambio de no sufrir atentados en contra de sus negocios, de sus familias o de ellos mismos.
Quienes se han negado a ceder a la extorsión, han sufrido los embates del crimen organizado, con ataques armados o incendiarios, y han visto perder incluso su patrimonio.
En los primeros cuatro meses de este año, se han acumulado ya varios casos en los que las víctimas han sido empresarios del sector restaurantero y de bares, sin que hasta ahora haya un solo detenido.
Negocios han cerrado ante la pasividad, indiferencia y hasta complicad, de las autoridades de los tres niveles de gobierno, por lo que la mejor opción es poner tierra de por medio para salvar su vida y las de sus familias.
Muchos de los casos de extorsión que sufren empresarios y comerciantes de cualquier giro, no son denunciados por miedo y por la desconfianza que existe hacia las autoridades que se supone, son las encargadas de procurar justicia y de brindar seguridad, pues ya nadie se siente a salvo.
Por Esto
