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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán se mantiene a la vanguardia en la operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y Acusatorio al darse a conocer la implementación de la Política Interna de Persecución para la Priorización de Casos dentro de la corporación, instrumento único en México enfocado en optimizar recursos humanos, financieros, logísticos y operativos para dar una mejor atención a la ciudadanía que requiere los servicios de esta Fiscalía.
Durante la reunión de trabajo que marcó el arranque de esta Política Interna, el Fiscal General, M.D. Ariel Francisco Aldecua Kuk, reconoció la colaboración de la Open Society Justice Iniciative, organización con la que se desarrolló esta herramienta, para participar en la implementación de los procesos de mejora continua que permitan a los colaboradores de la FGE, brindar un servicio público más eficiente.
“Esta Política Interna tiene como objetivo, elevar el nivel de eficiencia en la investigación de los delitos que se denuncian ante esta Fiscalía, aumentar la capacidad de atención, tener una clara visión de la priorización de los casos y con ello, servir mejor a la población”, indicó.
“Con este trabajo”, agregó el Abogado del Estado, “se organizan mejor los esfuerzos y el trabajo del nuevo modelo de gestión de la FGE y se optimiza el uso de las alternativas que brinda el Nuevo Sistema, como los criterios de oportunidad, las suspensiones condicionales y los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias”.
Con la implementación de esta Política Interna, la FGE de Yucatán se convierte en la primera de todo el país en trabajar bajo un esquema de priorización de casos con enfoque de optimización de recursos para hacer más eficiente la labor en beneficio de los ciudadanos. También, Yucatán se convierte en el tercer territorio del continente americano en trabajar bajo esta política (fiscalías de Colombia y Chile también lo utilizan).
“Este modelo que se desarrolla entre Open Society Justice Initiative y la FGE en Yucatán es el que se promoverá para que otras corporaciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías y fiscalías de otros estados, adopten en un trabajo que tiene la finalidad de homologarse, acorde al Nuevo Sistema”, informó el consultor de Open Society, Enrique Bouchot Velasco.
Explicó que esta Política Interna no pretende ponderar la importancia de un caso sobre otro, sino de dar valor y peso específico a cada denuncia y con base en ello, utilizar de mejor manera los recursos y logística de la Fiscalía en función de hacer más rápida la atención y resolución de las controversias.
“Actualmente, en el paradigma del flujo de gestión de casos, a todas las denuncias se les asigna el mismo peso y entonces, nos damos cuenta que no hay capacidad de inversión tan grande en recursos humanos, materiales y logísticos, que permitan atender todos los casos con el mismo peso”, comentó.
Entre estos criterios se contemplan si la víctima pertenece a algún grupo vulnerable, si el imputado es servidor público, si se identifica o pertenece a algún grupo delictivo, si es recurrente y por ello no es sujeto a los beneficios del Nuevo Sistema, entre otros.
“Con ello, se busca atender de forma más pronta los casos que puedan tener una salida alternativa y su reparación del daño para enfocar los recursos en los que, por su impacto o naturaleza, sean sujetos a judicialización”.
En la reunión de trabajo estuvieron presentes los vicefiscales de Investigación y Control de Procesos, Jesús Armando Pacheco May; de Justicia Especializada para Adolescentes, Beatriz Eugenia Domínguez Medina, y el Especializado en el Combate a la Corrupción, José Enrique Goff Ailloud, además de directores y servidores públicos de la FGE.
