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La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) representada por su presidente Marcos Alejandro Celis Quintal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el ministro presidente Luis María Aguilar Morales, firmaron un convenio para fortalecer y consolidar el sistema penal vigente, de corte acusatorio y oral.
En un acto protocolario realizado en la sede de la SCJN en la ciudad de México, ambos presidentes signaron el documento que enmarca la colaboración de ambas partes para el mejor cumplimiento de sus atribuciones específicas para la consolidación del sistema de justicia penal en vigor, mediante la capacitación y seguimiento a los criterios que el Máximo Tribunal del País emita en torno al sistema penal vigente.
En este marco, los distintos Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, agrupados en la CONATRIB, podrán acceder a los criterios y a la metodología de la Corte, para replicar su difusión a las autoridades locales de seguridad pública de su respectiva entidad federativa.
Es decir, los Tribunales tendrán acceso a los manuales de contenido y operativo y a un sistema de seguimiento, para lo cual tendrán la posibilidad de ser capacitados, lo que a su vez les permitirá, siguiendo la metodología establecida, capacitar a los integrantes de las instituciones de seguridad.
“Este convenio nos permite fortalecer a las instituciones, a los tribunales y a los órganos judiciales. La realidad es que llevamos varios años realizando acciones muy intensas para, primero implentar, y ahora consolidar el sistema de justicia penal que ya se está viviendo en el país”, expresó el presidente de CONATRIB Magistrado Celis Quintal.
La CONATRIB es la asociación de Tribunales del país, cuyo objeto es fortalecer y fomentar los vínculos de cooperación entre sus miembros en el contexto de renovación e innovación de la administración de justicia, así como establecer relaciones institucionales para actualizar y modernizar las instituciones, procedimientos y sistemas de la administración de justicia para impartirla de manera pronta, completa, imparcial y con absoluto respeto a los Derechos Humanos.
