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Mérida, Yucatán, 11 de mayo de 2020. – Diputadas y diputados de todas las fracciones y representaciones parlamentarias se conectaron por vía videoconferencia con funcionarios estatales, quienes respondieron 42 preguntas enviadas previamente por las y los legisladores, relacionadas con la iniciativa del Ejecutivo estatal para contratar uno o más empréstitos que se destinarán a inversiones públicas productivas para la reactivación económica del estado en los ejercicios fiscales 2020-2021.
Como parte de una reunión de trabajo de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, estuvieron presentes la Secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra; la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya; el Secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo; el Secretario de Obras Públicas, Virgilio Crespo Méndez; y el Secretario Técnico de Planeación y Evaluación, Rafael Hernández Kotasek; todos del Estado.
En primera instancia, el Secretario de Fomento Económico mencionó que debido a la contingencia sanitaria por la enfermedad Covid-19 se espera una caída del Producto Interno Bruto del país de 3 puntos porcentuales por cada mes, lo que representaría un golpe a la economía mayor a los 9 mil millones de pesos; en el caso de Yucatán, se registraría una caída del PIB entre el 7% al 13%, es decir, entre 52 mil a 79 mil empleos perdidos en los ramos de manufactura, comercio y construcción, principalmente.
Desglosó que, si se registra una pérdida de 7% del PIB en el estado, representaría una caída de 18 mil 200 millones de pesos y si fuera del 13%, se reduciría hasta 33 mil 800 millones de pesos, por lo que se podría caer en una recesión económica.
Herrera Novelo detalló que el plan del ejecutivo estatal empezó con la ampliación presupuestaria por el Congreso estatal, de mil 500 millones de pesos, está funcionando para hacer frente a la contingencia de salud, proteger el empleo y la economía familiar; mientras que el empréstito de mil 728 millones de pesos, de aprobarse, sería para la inversión productiva que impulse la economía al finalizar el confinamiento.
La Secretaria de Administración y Finanzas manifestó que el proceso de licitación del crédito tardará de 3 a 4 meses, y para su disposición puede demorarse varios meses más con el fin de disminuir los intereses generados, pero lo que se busca es contar con el recurso hasta que las obras lo requieran; así mismo, agregó que el Gobierno del Estado seguirá apoyando a los yucatecos mediante los apoyos económicos y alimentarios.
El Secretario de Obras Públicas informó que, del presupuesto para este año de 3,129 millones de pesos para este rubro, mil 820 millones son para el programa Yucatán Seguro, 826 millones están etiquetados, 442 millones son recursos estatales, de los cuales se redujeron 288 millones por la contingencia sanitaria, además de que 154 millones ya están comprometidos y 40.5 millones están asignados a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).
Sobre las obras que se pretenden realizar con el empréstito explicó que están enfocadas en dotar energía eléctrica, construcción de camino sacacosechas, pozos pluviales, así como casetas de vigilancia en puntos estratégicos; no obstante, añadió que no se ha hecho una distribución de donde se ubicarán estas acciones porque además se necesita el permiso de los terrenos.
En su turno, el Secretario Técnico de Planeación y Evaluación reveló que, de los mil 500 millones de pesos de la ampliación presupuestal, se han ejercido 350 millones de pesos de los 500 millones de pesos en materia de salud, específicamente en tres rubros: infraestructura, equipamiento e insumos.
Por ejemplo, continuó, en la habilitación de camas en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, al hospital de Valladolid y mantenimiento de otros nosocomios, al igual que ventiladores mecánicos, trajes y equipo de protección para los trabajadores de salud.
Referente a los mil millones de pesos restantes, declaró que se han ejercido casi 400 millones de pesos y falta el 60% por ejecutar, en total se han otorgado 780 mil apoyos directos, para micro y medianas empresas, así como para el sector agrícola y pesquero.
Para finalizar, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN) agradeció la presencia y disposición de los funcionarios estatales, cuyas respuestas serán de importancia para el análisis de la iniciativa del Ejecutivo estatal, que se retomará en breve.
Análisis
Horas más tarde, se retomó la sesión de la comisión que estaba en receso, para continuar con el análisis de la iniciativa en cuestión, para lo cual, Milagros Romero Bastarrachea (MC) entregó una propuesta con tres puntos.
Primero, dijo, que se suprima el último párrafo del artículo 2 de la propuesta que menciona que el Poder Ejecutivo del Estado podrá realizar las modificaciones que estime convenientes en las obras y acciones de inversión pública productiva, siempre y cuando se ajusten al monto y a los rubros establecidos en este decreto y, en caso de no hacerlo, informar al Congreso estatal, a través de los informes trimestrales, sobre las modificaciones realizadas.
Segundo, continuó, que las obras asignadas y aprobadas por el comité de seguimiento no estén sujetas a cambio, salvo que no cumpla con los requisitos que se establecen; y tercero, que las obras asignadas a Mérida se realicen con obreros radicados en la capital yucateca y, en caso de hacer falta, que se contraten de otros municipios.
En su turno, Janice Escobedo Salazar (PRI) solicitó que los funcionarios estatales envíen las respuestas por escrito, a las preguntas vertidas por las y los legisladores, porque por la importancia del tema y de la decisión a tomar, es necesario revisar todos los datos.
En el mismo sentido, Lila Frías Castillo (PRI) coincidió con la propuesta de la diputada antes mencionada y agregó que también es necesario conocer el catálogo de obras a realizar y su impacto en cuanto a empleos, porque sólo con el comité de seguimiento, no es suficiente para garantizar la trasparencia.
En su turno, Warnel May Escobar (PRI) también manifestó que se debe entregar el listado de obras que se van a ejecutar en cada uno de los municipios, para cruzar esa información con los alcaldes y ver qué se necesita, y que realmente pueda beneficiar a la economía de las localidades y a sus habitantes.
Así mismo, Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN) sugirió que sea la Junta de Gobierno del Congreso local la que deberá concurrir en el comité de seguimiento, o en su caso, un representante de cada fuerza política.
Silvia López Escoffié (MC) también coincidió en que no existe un catálogo de obras a ejecutar y que se debe establecer en el documento el mejor procedimiento para la aplicación de los recursos.
Por otro lado, Alejandro Cuevas Mena (PRD) indicó que sí existe la necesidad y la preocupación por la economía, pero se debe buscar otra forma diferente para reactivarla; en concordancia, Marcos Rodríguez Ruz (PRI) agregó que el Congreso del Estado sí quiere beneficiar a la sociedad yucateca, pero se necesita la información oportuna para garantizar el mejor uso de los recursos.
De la misma manera, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, solicitó que la información de la iniciativa sea certera “y no sea un catálogo de buenas intenciones”; mientras que Luis Aguilar Castillo (Nueva Alianza) sugirió que exista un equilibrio de las acciones a realizar en los 106 municipios para dar mayor certeza a dicho crédito.
Para finalizar, el presidente de la comisión, Víctor Sánchez Roca (PAN), declaró un receso hasta mañana martes a las 4 de la tarde, para que la Secretaría General elabore una ficha técnica con las propuestas presentadas este día, así como para el Ejecutivo estatal envíe las respuestas por escrito de los funcionarios que participaron en el encuentro.
