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Por Jorge Fernández Menéndez
Decían que en la fiscalía de Nueva York estaban construyendo un maxiproceso contra México que incluiría desde los principales capos del narcotráfico hasta las más altas figuras del gobierno mexicano.
La ruta parecía cantada: el juicio contra El Chapo Guzmán, con el testimonio de capos mexicanos, paradójicamente todos ellos detenidos en México y extraditados a la Unión Americana, daría la base para poder enjuiciar por actividades cometidas en nuestro país, a otros traficantes, pero sobre todo a funcionarios mexicanos de primer nivel. Con el sistema de delaciones mutuas, se garantizaba el maxiproceso prometido. Y con él, un intervencionismo inédito en nuestro país.
Pues bien, esa estrategia, que iba de la mano de la línea aislacionista y de escasa colaboración de la administración de Donald Trump, está llegando a su fin con sus propios fracasos y el de la Casa Blanca.
El juicio de El Chapo Guzmán fue un gran éxito mediático, pero en realidad no reveló nada que no supiéramos sobre el narcotráfico. Lo más destacado fue ver desfilar por la Corte del juez Brian Cogan a una serie de capos quebrados, delatándose unos a otros y diciendo lo que se quisiera con tal de que les redujeran las penas.
Lo otro destacable pasó casi desapercibido: cuando la defensa de El Chapo buscó presentar como testigos a otros detenidos, pero estadunidenses, para que revelaran cómo funcionaba el narcotráfico en Estados Unidos, tanto la fiscalía como el propio juez Cogan se negaron, argumentando que no era el tema central del juicio. Una vez más el narcotráfico, el gran narcotráfico de Estados Unidos, quedaba fuera de los principales espacios públicos en la Unión Americana.
Más allá de eso, el juicio tuvo tantas fallas procesales, reconocidas por los propios jurados y analistas que, en cualquier otro caso, podría haber servido para anularlo y realizar uno nuevo. La demanda de la defensa todavía no se ha cancelado definitivamente, aunque es por lo menos difícil que pueda avanzar. Lo de El Chapo es ya cosa juzgada.
Lo cierto es que con el caso de El Chapo se abría la puerta, vía los testimonios de distintos narcos que allí se presentaron, de avanzar en procesos contra políticos y funcionarios mexicanos. Primero fue Genaro García Luna, detenido sorpresivamente en Houston, con base en la inverosímil declaración de Vicente El Rey Zambada, respaldado por Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, de que Zambada se había encontrado a comer con García Luna en un restaurante para arreglar la protección a un grupo criminal y que en el propio restaurante, frente a comensales y empleados, le había entregado una maleta con varios millones de dólares.
A partir de ahí la fiscalía dice que ha juntado 955 mil folios documentales de todo tipo. Pero incluso así no le alcanza para iniciar el juicio. Este fin de semana anunció que en la audiencia que tendrá lugar en las próximas horas pedirá, nuevamente, un aplazamiento de 60 días para seguir revisando información. Lo cierto es que ni el juez ni la fiscalía querían ir a juicio, querían quebrar a García Luna para que éste buscara una negociación en la que admitiera culpabilidad para obtener una condena menor, lo que evitaría ir a juicio, incluso que García Luna develara en él mecanismos de colaboración con Estados Unidos y, de paso, seguir avanzando en el maxiproceso. Pero García Luna se declaró inocente y exigió ir a juicio.
Y desde entonces éste no ha siquiera comenzado (a pesar de que se ha cumplido un año de la detención de García Luna) y se suceden los aplazamientos. La fiscalía no sabe cómo comenzar, está esperando los tiempos políticos.
En medio se dio la detención con argumentos más inverosímiles aún, del general Salvador Cienfuegos, por la misma fiscalía y presentado ante el mismo juez, que ya sabemos cómo terminó: con el Departamento de Justicia retirando los cargos, con el general de regreso en México y con la colaboración de seguridad entre México y Estados Unidos sufriendo daños históricos.
Todo esto se da en el fin de la era Trump, durante la cual el sistema de justicia de Estados Unidos y la colaboración con otros países sufrió daños que le costará años a su sucesor Joe Biden restañar. Lo que ha hecho la justicia estadunidense en estos cuatro años de Trump es catastrófico y tiene su mejor corolario en la loca carrera por anular el resultado de las elecciones de noviembre pasado, respaldado por alguno de sus más locuaces colaboradores.
El propio fiscal William Barr, responsable de muchos de esos desatinos, ha terminado esta misma semana declarando que no había fraude que perseguir, ordenó antes el regreso a México de Cienfuegos y cuando cambien las autoridades de seguridad y justicia el próximo 20 de enero no sería descabellado que algo similar pueda suceder con García Luna: una acusación inverosímil, un maxiproceso abortado, una fiscalía descalificada con el caso Cienfuegos y nuevas autoridades con una experiencia y una visión diferente, obligadas a reconstruir la relación con México y con sus propias instituciones de seguridad, pueden ser la base de un giro de 180 grados en éste y en muchos otros temas. Información Excelsior.com.mx