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(Reuters) – Un tribunal de Myanmar, gobernado por el ejército, decidió encarcelar a la líder depuesta Aung San Suu Kyi durante cuatro años el lunes por cargos de incitación y violación de las restricciones del coronavirus, lo que generó la condena internacional de lo que algunos críticos describieron como un “juicio simulado”.
El presidente Win Myint también fue sentenciado a cuatro años de prisión, dijo una fuente luego de los procedimientos que habló bajo condición de anonimato, ya que el tribunal pronunció sus primeros veredictos en numerosos casos contra Suu Kyi y otros líderes civiles derrocados por el ejército en un golpe de estado en febrero.
Myanmar ha estado sumido en la confusión desde que el golpe de Estado contra el gobierno democráticamente elegido de Suu Kyi provocó protestas generalizadas y generó preocupación internacional por el fin de las reformas políticas tentativas tras décadas de gobierno militar.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz Suu Kyi, de 76 años, ha sido detenida desde el golpe, junto con la mayoría de los líderes de alto rango de su partido Liga Nacional para la Democracia (NLD). Otros están en el extranjero o escondidos.
“La condena del Consejero de Estado luego de un juicio simulado en procedimientos secretos ante un tribunal controlado por militares no tiene más que motivos políticos”, dijo la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en comentarios que se hicieron eco de la Unión Europea y otros.
Un portavoz militar no respondió a los intentos de Reuters de comunicarse con él para comentar sobre la sentencia, que fue ampliamente difundida en los medios nacionales.
El ejército no ha dado detalles de dónde ha sido detenida Suu Kyi y no estaba claro de inmediato si la sentencia significaría algún cambio inmediato en sus circunstancias.
Juicio cerrado
El juicio en la capital, Naypyitaw, ha sido cerrado a los medios de comunicación y los medios de información pública de la junta no han mencionado el proceso. A los abogados de Suu Kyi se les ha prohibido comunicarse con los medios y el público.
Suu Kyi enfrenta una docena de casos que incluyen múltiples cargos de corrupción más violaciones de una ley de secretos de estado, una ley de telecomunicaciones y regulaciones COVID-19, que conllevan sentencias máximas combinadas de más de un siglo de prisión.
Suu Kyi y el coacusado Win Myint recibieron penas de cárcel de dos años por incitación y la misma pena por infracciones de los protocolos del coronavirus. Habían negado los cargos.
Los países occidentales han exigido la liberación de Suu Kyi y han criticado la violencia desde el golpe en el que murieron unas 1.300 personas, según grupos de derechos humanos.
Liz Truss, la ministra de Relaciones Exteriores de la ex potencia colonial británica, dijo que la sentencia de Suu Kyi fue “otro intento espantoso del régimen militar de Myanmar para reprimir la oposición y reprimir la libertad y la democracia”.
El máximo diplomático de la Unión Europea condenó el veredicto por “tener motivaciones políticas” y pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos en Myanmar.
China, que durante mucho tiempo ha tenido buenas relaciones con el ejército y con el gobierno de Suu Kyi, instó a todas las partes a “salvar sus diferencias”, mientras que Japón, un importante inversor en Myanmar, dijo que el veredicto era un “acontecimiento desfavorable”.
El Dr. Sasa, portavoz del gobierno civil en la sombra de Myanmar establecido tras el golpe, pidió a la comunidad internacional que intensifique las sanciones contra los gobernantes militares de Myanmar.
Estados Unidos, la UE y otros emitieron una serie de sanciones contra altos líderes militares y empresas vinculadas al ejército después del golpe.
Mark Farmaner, jefe del grupo de presión Burma Campaign UK, dijo que el veredicto del lunes debería impulsar más acciones.
“Los gobiernos que hacen declaraciones condenando la sentencia de Aung San Suu Kyi deberían preguntarse, ¿están haciendo todo lo posible para ayudar a liberar a los presos políticos en Myanmar? Puedo garantizar que la respuesta es no”, dijo.
‘Más popular’
Los partidarios de Suu Kyi dicen que los casos en su contra carecen de fundamento y están diseñados para poner fin a su carrera política y atarla en procedimientos legales mientras el ejército consolida el poder.
Su encarcelamiento había sido ampliamente esperado.
La junta dice que Suu Kyi está recibiendo el debido proceso de un tribunal independiente dirigido por un juez designado por su propia administración.
Suu Kyi, la hija del héroe de la independencia de Myanmar, pasó años bajo arresto domiciliario por su oposición al régimen militar, pero fue liberada en 2010 y llevó a su LND a una victoria aplastante en las elecciones de 2015.
Su partido volvió a ganar en noviembre del año pasado, pero los militares dijeron que la votación fue amañada y tomó el poder semanas después. La comisión electoral desestimó la denuncia de los militares.
El historiador y autor Thant Myint U dijo que los líderes militares del golpe pensaban que sus predecesores, que introdujeron reformas hace más de una década, habían ido demasiado lejos al permitir que Suu Kyi volviera a la política.
“Ella sigue siendo, de lejos, la (figura) más popular en la política de Myanmar y aún puede ser una fuerza poderosa en lo que está por venir”, dijo a Reuters.
Pero Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch, dijo que los cargos criminales más severos que Suu Kyi aún tenía que enfrentar probablemente garantizarían que “nunca más se le permita ser una mujer libre”.
(Escrito por Martin Petty, Ed Davies, Robert Birsel y John Geddie; Edición por Simon Cameron-Moore y Angus MacSwan)
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