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Por Jorge Fernández Menéndez
El mayor escollo para la construcción de la Guardia Nacional, es, paradójicamente, el discurso que enarboló durante años el candidato López Obrador en contra de las Fuerzas Armadas, hablando de ejecuciones sumarias, masacres, violaciones masivas a derechos humanos, acusándolas de crímenes que de ninguna forma habían cometido. El presidente López Obrador ha ratificado en los hechos sus opiniones, pero, nunca, no suele hacerlo en casi ningún tema, ha aceptado públicamente su error. Y aquel discurso sin rectificar es el que tiene frenada o distorsionada en el Congreso y la sociedad una iniciativa que es, a todas luces, prioritaria.
Muchas veces hemos dicho en este espacio que la presunta militarización de la seguridad pública e interior que le atribuyen a la Guardia Nacional no es en realidad un problema. Las Fuerzas Armadas están desplegadas cumpliendo esas tareas desde hace 15 años, y en forma notable en los últimos doce. Ninguno de aquellos delitos que se les atribuyó en campaña era real. En la administración de Felipe Calderón hubo 113 recomendaciones emitidas por la CNDH contra el Ejército y la Fuerza Aérea, todas fueron atendidas y ninguna de éstas fue contra personal de la policía militar, que será el grueso de la futura Guardia Nacional. En el sexenio 2012-2018, la CNDH emitió 20 recomendaciones contra la Sedena, sólo tres estuvieron relacionadas con la policía militar.
Esa presencia militar tampoco se ha reflejado, al contrario de lo que se ha asegurado, en un aumento del ejercicio de la violencia por soldados o marinos. En 2013, según cifras oficiales, hubo 10 mil 54 homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Como resultado de agresiones cometidas contra personal militar (operativos, enfrentamientos y emboscadas) murieron, ese año, 523 delincuentes. En 2014, hubo seis mil 819 muertos por la delincuencia organizada, en enfrentamientos con militares, 379. Al año siguiente, 2015, hubo seis mil 981 muertos por la delincuencia organizada, en enfrentamientos con militares, sólo 192 delincuentes. En 2016, la cifra de muertos y ejecutados por el crimen organizado aumentó dramáticamente: fueron 10 mil 702 las víctimas; a pesar de eso, los delincuentes que perecieron como resultado de enfrentamientos con militares disminuyeron, fueron 168. En 2017 hubo otro enorme salto en la violencia: el crimen organizado cobró 15 mil 676 víctimas mortales. Sólo 176 delincuentes murieron a manos de militares. En 2018, se tuvo el máximo número de víctimas por la delincuencia organizada en la historia, fueron 18 mil 613. En ese lapso, con un despliegue permanente de más de 30 mil elementos en todo el país, sólo hubo 239 delincuentes muertos en enfrentamientos con militares. ¿Dónde están las masacres, las ejecuciones, las violaciones masivas a derechos humanos cometidas por fuerzas militares?
La Guardia Nacional no sólo permitiría, algo que se reclama desde hace años, institucionalizar la participación militar en las tareas de seguridad pública e interior, sino también terminar de construir una herramienta que, a pesar de los enormes esfuerzos realizados, no ha terminado de cuajar.
La Policía Federal ha sido injustamente calificada como ineficiente y corrupta, una vez más por el propio Presidente, pero es una de las pocas instituciones de seguridad que se construyeron en las dos últimas décadas. Hay miles de elementos en la PF preparados, serios y entregados y están siendo injustamente castigados salarial y operativamente. Pero la institución como tal, sobre todo en el último sexenio, por muy diversas causas, ni mantuvo el nivel de crecimiento y consolidación que requería la situación de seguridad ni tampoco se avanzó en el andamiaje legal que hubiera permitido la construcción de un sistema policial homogéneo y eficiente en el país.
Cuando se planteó la creación de la Gendarmería, en el gobierno de Peña Nieto, no era un proyecto muy diferente a lo que ahora se llama Guardia Nacional. Finalmente, se decidió crear a la Gendarmería sólo como un cuerpo de la PF adscripta a la misma. Por muchas razones, ese esquema fue rebasado y fracasó. En esta nueva vuelta de tuerca lo que se busca es, adecuada a una situación que se ha deteriorado constantemente en los seis últimos años, rescatar aquella propuesta en un nuevo contexto. Se busca que la GN sea una institución con formación militar permanente, con atribuciones para combatir delitos del orden federal, común y militar, sobre todo la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género y los crímenes de odio, formada por elementos provenientes de la policía militar, naval y la actual policía federal. Con mandos operativos militares.
Llevamos tres lustros, por lo menos, depositando en las fuerzas militares el principal peso de la seguridad pública e interior sin darle los instrumentos legales e institucionales necesarios para cumplir con su labor. La creación de la Guardia Nacional, si en el Congreso finalmente no terminan de transformar un caballo en un camello, es un paso determinante en ese sentido. Información Excelsior.com.mx