Una jueza retiró la suspensión de la orden de arresto en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de la estatal petrolera Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, y acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informaron este martes fuentes judiciales.
“Se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida, por lo que consecuentemente las autoridades responsables están en aptitud de ejecutar el acto reclamado en la presente vía constitucional”, detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La jueza octavo de distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, María Elena Cardona Ramos, dejó sin efecto la suspensión definitiva concedida a Gilda Susana Lozoya Austin, la cual impedía su detención.
El fallo se dio luego de que la mujer no cumplió con los requisitos que le fueron impuestos para continuar con dicha medida por lo que ahora, si es localizada, puede ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) de México.
La hermana de Emilio Lozoya está señalada por participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas de la compra de un bien inmueble en 2012.
El lunes, la misma jueza dejó sin efecto la suspensión definitiva concedida a Lozoya Austin, la cual impedía su detención.
Sobre Lozoya pesa una orden de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, emitida el 25 de mayo, y si es localizado también puede ser detenido por la Fiscalía.
El pasado martes, Lozoya decidió no comparecer ante un juez con relación a la compra irregular de una planta de fertilizantes en 2013, debido a que no hay garantías de que se respeten sus derechos, afirmó su abogado Javier Coello.
El letrado relató que la Fiscalía pidió una orden de detención contra Lozoya, quien dirigió la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, y que el juez federal al que se hizo la solicitud debía evaluar si el delito argumentado era grave y si ameritaba prisión preventiva.
Hace una semana, Lozoya escribió una carta a la opinión pública, en la que explicó que decidió no cumplir con el requerimiento de presentarse ante el juez porque “no hay condiciones ni garantías” para hacerlo.
Aseguró que las órdenes de registro a propiedades suyas y de familiares fueron emitidas por el mismo juez con base en “falsos informes rendidos por la Policía Federal Ministerial”.