Por Yuriria Sierra
La estampa es de risa. Un cuentahabiente es asaltado apenas segundos después de bajar de una patrulla que lo escoltó a su domicilio, servicio disponible en la CDMX, cualquier ciudadano que acudirá a un banco a depositar o retirar efectivo, puede solicitarlo. Así, a este hombre le arrebataron su dinero tan pronto los policías lo dejaron frente a su hogar. Los tres asaltantes huyeron.
Ironía pura. También impunidad total. Justo esto es lo que permite que hechos tan inverosímiles como éste se cometan todos los días. No hay autoridades capaces de impedir que ocurran delitos, así se realicen frente a sus narices. Y si eso ocurre en las calles, ¿qué puede ocurrir dentro de una oficina con recursos disponibles y una autoridad con tanto que investigar y con tan poco tiempo para hacerlo?
Hojas de acetato a 122 mil pesos por pieza; plumas, 6 mil 950 cada una; carpetas, 27 mil; diurex, 29 mil; líquido corrector, 4 mil 100; tipo pluma, 9 mil 900; cuadernos profesionales, 21 mil 900; un lápiz, 2 mil 150; un marcador permanente, 13 mil 500 pesos; un lápiz adhesivo, 6 mil 680.
Estos fueron algunos de los precios unitarios que pagó el gobierno de Peña Nieto en su último año de sexenio. Unitarios, repito, pero, no compró piezas únicas. Fueron 4 mil lápices al costo que arriba escribimos; 900 plumas. Hagamos la cuenta sólo de estos artículos. Un dineral.
Los datos los reveló el portal Sin Embargo hace unos días. Los obtuvo a través de solicitudes de información. La oficina de la Presidencia de la República pagó 98 millones 809 mil pesos en artículos de oficina a Abastecedora Aragonesa. El monto se logró gracias a los precios inflados, detallados arriba. La cantidad resulta escandalosa, porque en años pasados, por el mismo servicio se pagaron cerca de 200 mil pesos. ¿Cuál fue el cambio para que el último periodo del sexenio el monto se incrementara casi 500 veces? ¿Quién tuvo la encomienda de agotar los recursos de esta manera? Mejor aún: ¿dónde está todo ese dinero?
Hace un par de días, un juez federal desestimó las acusaciones contra Pedro Simón León Mojarro, excoordinador de las delegaciones de Sedesol, implicado en la Estafa Maestra, con la que se desviaron 300 millones de pesos en la Sedesol y Sedatu. La autoridad judicial no encontró elementos para responsabilizarlo de las irregularidades en convenios firmados con universidades. Una semana antes, otro implicado en el mismo caso, Francisco Báez Álvarez, exdirector de presupuesto en Sedatu, también fue exonerado. Tan maestra la estafa que encontraron la forma de salirse con la suya. Impunidad total. Eso es lo que permite que veamos a ladrones arrebatando maletines con efectivo a plena luz del día, pero también que los recursos del erario se desvíen con destino incierto. Me lo dijo la secretaría de la Función Pública hace unos días: habrá responsables de los desvíos. Mientras eso llega, queremos Estado de derecho para que esto ya no ocurra.
ADDENDUM. No sólo el Presidente, también los gobernadores comienzan a ser evaluados. El mejor calificado es Mauricio Vila, de Yucatán con 57.9% de aprobación, le sigue Quirino Ordaz, de Sinaloa, con 56%; Claudia Pavlovich, de Sonora (53.4%) y Claudia Sheinbaum, de la CDMX (44.3%) según la encuesta dada a conocer por Massive Caller. Los peores en todo el país, Silvano Aureoles, de Michoacán (20%) y Francisco Vega de Lamadrid (17.8%). Información Excelsior.com.mx