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Mérida, Yucatán a 02 de marzo de 2023. – Acusada de no cumplir con la sentencia impuesta por un Juez de lo Familiar sobre la modificación del régimen de convivencia entre sus dos hijos menores de edad y el denunciante, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a G.N.V.Ch. por el delito de desobediencia de particulares a un mandato de autoridad, por lo que se presentó la denuncia que derivó en la causa penal 101/2022.
Una vez iniciado el proceso penal, los especialistas de la Fiscalía comenzaron la indagatoria, de la cual se desprende que en septiembre del año 2020 a la imputada se le informó que el régimen de convivencia decretada ante un Juez de la Familiar con sede en Ticul cambiaría a la modalidad de video llamadas, mismas que se realizarían cuatro veces por semana.
No obstante, la procesada no cumplió con dicho mandato de la autoridad familiar pese a los requerimientos y las dos multas que se le impusieron, por lo que el Juez ordenó consignar el expediente a la Fiscalía.
En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito, con sede en Tekax, los fiscales de litigación, tras formular la imputación del delito, expusieron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso, pero la imputada pidió la ampliación del plazo constitucional para resolver su situación, por lo que el Juez de Control estableció que la audiencia se reanude el 6 de marzo.
Antes de dar por concluida la diligencia judicial, esta representación social expuso la justificación para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez estableció que G.N.V.Ch. deberá acudir mensualmente a firmar al ministerio público de Ticul y tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, medidas que se mantendrán vigente por todo el tiempo que dure el proceso.
