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● El INE precisa su posición ante el comunicado 001-2019 de la Procuraduría Fiscal
● El Consejo General del INE aprobó aplicar un recorte de 950 millones de pesos en su presupuesto de 2019 tal como mandató la Cámara de Diputados.
● El INE solicitará una ampliación por 619 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y no aprobó, en ningún momento, dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en su sesión del 23 de enero de 2019, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 en el que impactó el recorte de 950 millones de pesos que aprobó la Cámara de Diputados.
De esos 950 millones, 330.8 millones se reducirán a través de la cancelación de actividades y disminución de partidas. Los otros 619.2 millones de pesos, equivalentes al presupuesto requerido para realizar el trabajo de campo en las cinco elecciones locales ordinarias a celebrarse en 2019, se han impactado en la reducción del capítulo 1000, de servicios personales del Instituto, hacia la segunda mitad del año.
A la vez, el Consejo General del INE instruyó al Secretario Ejecutivo para que inicie la solicitud de una ampliación presupuestal por los 619.2 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que el INE pueda concluir el presente ejercicio fiscal en una situación financiera adecuada.
En atención al comunicado 001-2019 de la Procuraduría Fiscal que señala: “El 21 de enero pasado se publicó en periódicos de circulación nacional, nota periodística sobre la pretensión del INE de ‘suspender’ el pago del ISR correspondiente al segundo semestre de 2019, como supuesta medida para garantizar comicios electorales”, conviene precisar que en el acuerdo formalmente votado por el Consejo General no hay una sola disposición que implique que el INE vaya a dejar de cumplir con alguna de sus obligaciones fiscales.
Las decisiones del INE son las que aprueban sus órganos de dirección, en este caso el Consejo General, no las versiones de la prensa. El INE reitera que continuará la comunicación constructiva y en el marco de la legalidad con las autoridades hacendarias para obtener los recursos indispensables para cumplir con las atribuciones sustantivas que la Constitución le encomienda.
