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En el marco de la firma del Convenio de colaboración y cooperación entre el Poder Judicial del Estado de Yucatán y la Vicefiscalía Especializada en Combate a la corrupción se llevó a cabo la mesa panel “Acciones institucionales en materia del sistema anticorrupción”, moderada por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado Luis Felipe Esperón Villanueva y con la participación de Sofía Cámara Gamboa y Carlos Cetina Patrón por parte del Tribunal Superior y Christian Pérez Flores de la Vicefiscalía especializada.
El magistrado Esperón Villanueva abrió la disertación y dijo que la corrupción ha sido y sigue siendo un tema preocupante en México y son muchos los parámetros que dan cuenta de ello, por ejemplo, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la corrupción le cuesta al Estado Mexicano 10% del PIB.
Se dice que de un peso que gana una familia 14 centavos los gasta en corrupción y en las familias de menos ingresos llega a 30% y que 9 de cada 10 mexicanos perciben que la corrupción es muy alta, apuntó el magistrado.
Añadió que las mediciones de Transparencia Internacional ubican a México en el lugar 135 de 180 países a los cuales se mide por corrupción y que el país ha ido perdiendo espacios, ya que en 2012 México ocupaba el lugar 105 de 176 países, en el 2016 123 de 176 y en el 2017 135 de 180.
Dijo también que “la corrupción se ubica en el segundo lugar de la preocupación de los mexicanos, sólo detrás de la inseguridad y la delincuencia según la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental 2017.
Por su parte, Carlos Cetina Patrón, titular de la unidad de asuntos jurídicos y sistematización de precedentes del Tribunal Superior de Justicia, expresó que “nuestro país debe estar a la altura de los estándares internacionales de los países con los cuales nos interesa continuar teniendo vínculos comerciales, además de todos los beneficios que esto conlleva, como son índices de comercialización, adelantos tecnológicos, industriales, comunicación, que redundan en seguridad y calidad de vida y al final en paz social.
En otras palabras, continuó, nuestro país hace conciencia de que, sólo si reduce los índices de corrupción y de prácticas ilegales que aquejaban al sistema de administración gubernamental, sólo si hace un combate frontal y real a la corrupción, podría seguir contando con las prerrogativas que otorgan las relaciones comerciales y financieras con los países más desarrollados del mundo”, explicó.
El Maestro Cetina Patrón hizo un recorrido por los marcos jurídicos internacional, nacional y estatal, explicando tratados y convenciones supranacionales de los que México es parte con órganos como la Organización de Cooperación Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas (ONU), así como las reformas a la Constitución Federal y leyes generales y su consecuente impacto en el orden jurídico en el Estado de Yucatán en el combate a la corrupción.
También explicó que “es imperativo señalar que existen varios tipos de contratación pública que la legislación ha clasificado para su regulación, en las siguientes categorías: a) adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y b) obras públicas y los servicios que se relacionen con las mismas, y que estas áreas son las más vulnerables a actos de corrupción”
Abordó el tema que en México, los recursos públicos destinados para la adquisición de bienes y servicios no se encontraban suficientemente blindados, permitiendo ante la falta de estos actos de corrupción cometidos tanto por gobernantes y funcionarios, como por empresas y contratistas, dando origen a esquemas de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) más conocidas de manera informal como “Empresas Fantasmas”, las cuales son combatidas por el Servicio de Administración Tributaria.
Concluyó con que “nuestro país y estado han reivindicado y fortaleciendo el combate a la corrupción, desde el ámbito federal y estatal, creando instituciones que en su mayoría tienen una gran injerencia de los ciudadanos, quienes día a día se ha ido interesando cada vez más en estos temas, de los cuales formamos parte todos, pero sobre todo los que somos servidores y funcionarios públicos”
En su oportunidad, Sofía Cámara Gamboa, también titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes del Tribunal Superior de Justicia, explicó que el Poder Judicial ha realizado importantes modificaciones a su normatividad a fin de implementar mecanismos de prevención de los hechos de corrupción y faltas administrativas, y también para adecuar su estructura orgánica y dejarla en condiciones de sancionar dichas faltas.
Detalló que los tres rubros que se han revisado y actualizado en el Poder Judicial con respecto a este tema son: la expedición del Reglamento que regula el funcionamiento de los Comités de Ética y Conducta en el Poder Judicial del Estado del 9 de noviembre de 2018; la emisión de las Bases para la implementación de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Yucatán, expedidas tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia, como del Consejo de la Judicatura y las reformas al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Tribunal Superior de Justicia.
Recordó que el 11 de diciembre del año 2006 el Poder Judicial del Estado de Yucatán aprobó su Código de Ética el cual adopta principios y valores que deben inspirar la conducta ética de los servidores públicos judiciales que luego se modificó a “Código de Ética y Conducta” sentando así las bases para la implementación de mecanismos permanentes de control interno que impactan en el comportamiento ético de los servidores públicos del Poder Judicial y que constituyen instrumentos para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.
Añadió que los comités de ética y conducta del Poder Judicial se integran pluralmente, con la participación de las diversas categorías de servidores públicos adscritos tanto al Tribunal como al Consejo y promueven y difunden los principios y valores contenidos en el Código, además de que emiten recomendaciones a los servidores públicos para que su conducta se apegue a los principios y valores del Código.
En cuanto a la adecuación de las estructuras orgánicas para sancionar faltas administrativas señaló que a principios del año pasado, el Poder Judicial del Estado emitió dos normas para implementar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, creando dentro de sus propios órganos Internos de Control unidades de investigación y unidades de responsabilidades.
En el ámbito del Tribunal se determinó que el Departamento de Contraloría Interna se conformaría por la Unidad de Auditorías y Denuncias encargada de la investigación de las presuntas faltas administrativas y su eventual calificación en graves y no graves, y la Unidad de Responsabilidades, encargada de sustanciar e imponer las sanciones por las faltas de los servidores públicos calificadas como no graves.
En lo que hace a la sustanciación y resolución de los procedimientos de las faltas administrativas graves instruidos a los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia se crearon 3 Salas de Responsabilidades Administrativas.
En la esfera del Consejo se determinó que la Contraloría se conformaría por la Unidad Investigadora encargada de la investigación de las presuntas faltas administrativas y su eventual calificación en graves y no graves, y la Unidad de Responsabilidades Administrativas, encargada de sustanciar e imponer las sanciones por las faltas de los servidores públicos calificadas como no graves.
A su vez se determinó que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura se encargaría de sustanciar y resolver los procedimientos derivados de las faltas administrativas graves instruidos a los servidores públicos del Consejo.
