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Una nueva generación de abogados y servidores públicos inició el pasado 25 de agosto en el Poder Judicial del Estado la especialidad en “El sistema integral de justicia penal para niñas, niños y adolescentes”, que desde 2019 cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) por parte de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del estado.
Esta especialidad la imparte el Poder Judicial del Estado a través de la Escuela Judicial y forma parte de las actividades de la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo de la Judicatura.
El objeto de esta especialidad es desarrollar en los estudiantes competencias específicas para la comprensión y el ejercicio profesional en el sistema integral de justicia para adolescentes, a través de una formación enfocada en los aspectos biopsicosociales, las tendencias globales y la evolución tecnológica que afectan la forma de vida de la niñez y del adolescente.
En esta ocasión 29 personas iniciaron la especialidad, entre estos abogados postulantes y servidores públicos del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA); la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRODENNAY) y el Ayuntamiento de Mérida.
Las sesiones se realizarán los días miércoles, jueves y viernes en la modalidad virtual y, entro otros temas se abordarán los de psicología evolutiva; niñez y adolescencia del siglo XXI; psicopatología del niño y el adolescente; procesos asociados a conductas disociales y evolución del sistema de justicia para adolescentes.
Por su parte,desde junio de 2021, un grupo de 43 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado inició un “Programa de Especialización de Agentes del Ministerio Público con Enfoque en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, el cual es diverso a la Especialización.
Estos ejercicios académicos permiten materializar las disposiciones contenidas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que en su artículo 23 establece que “todas las autoridades del Sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones”.
Así también lo establecido en los artículos 63 y 64 de este mismo ordenamiento, en el sentido de que tanto los órganos como los operadores que tomen parte en el Sistema deben “contar con el nivel de especialización que permita atender los casos en materia de justicia para adolescentes”.
