Inseguridad, corrupción, vacío

Por Jorge Fernández Menéndez

Lo ocurrido en los últimos días en Apatzingán, Michoacán, y en Villagrán, Guanajuato, demuestra en forma palpable el enorme desafío que plantea la inseguridad, más allá de medidas institucionales, como la creación de la Guardia Nacional, y del debate sobre el número de víctimas mes con mes.

En Michoacán, el enfrentamiento entre el cártel de los Viagras y el Jalisco Nueva Generación tiene epicentro en Apatzingán, pero abarca varios municipios, las autoridades y policías locales y lo que queda de los grupos de autodefensa, resulta evidente que lo que hacen es tomar partido por alguno de los dos contendientes. Las fuerzas federales parecen rebasadas y literalmente intervienen apagando fuegos.

La de los cárteles es, en este caso, la disputa por el control territorial y en parte institucional. Lo que está en juego es el control de la Tierra Caliente, de los laboratorios de drogas sintéticas, de las rutas para hacer llegar los precursores desde el puerto de Lázaro Cárdenas, asumiendo que el CJNG ya tiene el control de Manzanillo.

En Guanajuato, la situación es, si puede calificarse así, aún peor. El operativo de Ejército, Marina y Policía Federal en el pueblo de Santa Rosa de Lima para asegurar a los líderes del cártel del Huachicoleo, que lleva ese nombre, se encontró con la resistencia de pobladores y del propio presidente municipal, que se negó, incluso, a ordenar la participación de la policía municipal para tratar de evitar las quemas de vehículos por los simpatizantes del grupo criminal, para evitar el ingreso de fuerzas federales. Ese grupo criminal, por cierto, tiene protección de altas autoridades de seguridad del estado, y está en guerra, allí también, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En Michoacán y Guanajuato, sin duda, tendrán que comenzar a operar la nueva Guardia Nacional, pero se requerirá, por lo menos, de la colaboración de las autoridades locales y en ese y en varios otros puntos del país, las autoridades están coludidas o intimidadas por los grupos criminales. Ese círculo de protección y corrupción es el que se debe romper.

Como en parte se ha hecho en Tamaulipas, con la detención, por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, de José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador. Este personaje es sobrino de Osiel Cárdenas Guillen, el detenido exlíder del Cártel del Golfo, y ocupaba la dirigencia de los restos de ese grupo en Matamoros, operando desde allí en Tampico, Ciudad Madero, Ciudad Victoria, San Fernando, Santa Engracia, Padilla, Reynosa y la zona norte de Veracruz (Pánuco, Naranjos, Tamihua y Tampico el Alto). Desde la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y San Luis Potosí, El Contador dirigía a los coordinadores regionales de la organización criminal encargados entre otras labores del tráfico de cocaína proveniente de Colombia. Era uno de los principales promotores de la violencia en Tamaulipas, enfrascado en una guerra con Los Zetas. También era el responsable de numerosos secuestros, así como de coordinar el huachicoleo en el estado.

Hablando de corrupción. Algo muy grave está sucediendo en torno a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el coto de poder de un cacique político, Gerardo Sosa Castelán, quien durante décadas ha controlado esa casa de estudios y buena parte del estado, mediante los negocios y la intimidación, con un grupo político denominado la Sosanostra.

El gobierno federal ha embargado las cuentas de esa casa de estudios luego de que se descubrieran operaciones por 150 millones de dólares realizadas en varios paraísos fiscales.

A ese negocio económico que la universidad no reconoce y la Unidad de Inteligencia Financiera califica como de lavado de dinero, se unió un hecho hasta ahora inexplicado por las autoridades locales: el asesinato, el 23 de febrero pasado, del hijo de Sosa Castelán, Gerardo Sosa Cravioto, de 32 años, muerto al llegar al rancho familiar, en pleno día, por unos sicarios que le dispararon en cuatro ocasiones.

No ha habido ninguna explicación sobre el crimen, pero el hecho es que al velorio del joven no fue su padre, que permanece fuera del país. Es casi imposible deslindar, por lo menos en el imaginario colectivo, la operación financiera y el asesinato.

Pero a todos estos desafíos se suman también, en otro ámbito, las decisiones profundamente equivocadas. El gobierno federal no quiere leer los mensajes que le están mandando los mercados y las calificadoras. La caída de la calificación de Pemex, colocada ya en negativo, arrastró a la CFE y a otras decenas de empresas. La respuesta de Hacienda fue el silencio, y la del presidente López Obrador fue simplemente decir que las calificadoras están calificando, valga la redundancia, a los gobiernos neoliberales.

Por supuesto que no es así: son proyecciones a futuro, están calificando los que se hizo en este trimestre y las expectativas de futuro de nuestra economía, y el hecho es que las medidas que se van adoptando hacen crecer la incertidumbre, no la confianza, sobre todo cuando a las opiniones del mercado y los calificadores se anteponen adjetivos que mercados y analistas no pueden compartir. Información Excelsior.com.mx