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– Se presenta al Gobierno federal solicitud de Declaratoria de Desastre Natural
– Subcomités cuantificarán perjuicios de Gamma y Delta en 34 municipios, con 20 días para entregar informe a la Federación.
Mérida, Yucatán, 20 de octubre de 2020.- Como parte de los apoyos que gestiona el Gobernador Mauricio Vila Dosal para la reparación de la infraestructura pública dañada por los recientes eventos ciclónicos Gamma y Delta, la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, encabezó la instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED) con autoridades federales y presentó, a nombre del Ejecutivo, la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural para 38 municipios.
La petición ante la Federación, requisito indispensable para acceder a recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y las reglas generales de operación del programa, es para Cenotillo, Chemax, Chichimilá, Cuncunul, Mérida, Mocochá, Panabá, Temozón, Tinum, Tizimín y Tunkás, por lluvias severas e inundación pluvial, del 1 al 7 de octubre.
En el mismo periodo, por lluvias severas, para Baca, Calotmul, Celestún, Dzidzantún, Dzitás, Espita, Hunucmá, Ixil, Kanasín, Kaua, Progreso, Río Lagartos, San Felipe, Sanahcat, Sinanché, Sucilá, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Uayma, Ucú, Valladolid y Yobaín, y por inundaciones pluviales, para Buctzotz, Izamal, Tixkokob y Tixpéhual.
Luego de que, en fechas pasadas, el Gobierno federal emitió Declaratorias de Emergencia para 34 municipios afectados por las precipitaciones de la tormenta Gamma y el huracán Delta, se efectuó la sesión de instalación del Comité por videoconferencia, en la que participó subdirector de Instrumentos Financieros Preventivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Josué Ayax Madrid González.
Cabe mencionar que, las demarcaciones con declaratoria de emergencia, a excepción de Dzilam Bravo, están incluidos en la solicitud presentada para la Declaratoria de Desastre Natural a los que se agregan: Dzitás, Temax, Cenotillo, Chichimilá y Tinum para la suma de 38 municipios.
En el marco de la reunión, se procedió también a articular nueve subcomités, que tendrán a su cargo la evaluación de daños y la cuantificación de los recursos requeridos, mediante recuentos con fotografías y descripciones de viviendas, carreteras, instalaciones deportivas y educativas, infraestructura hidráulica, monumentos históricos y arqueológicos, equipamiento pesquero y vialidades urbanas.
Durante su participación, Madrid González, y la directora General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Vanessa María Vázquez Meseguer, expusieron las directrices a seguir para recibir los apoyos parciales inmediatos.
Mencionaron que cada uno de los subcomités que integran el CED deberá formular el diagnóstico de daños y la cuantificación de recursos, correspondiente al sector de su competencia que resultó afectado por el desastre natural, en un plazo máximo de 10 días hábiles, a partir de la presente instalación, plazo que se amplió a 20 días por acuerdo de las y los asistentes en la sesión.
Conforme a los lineamientos en la materia, Fritz Sierra hizo pública la designación del titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), Jesús Enrique Alcocer Basto, como Secretario Técnico del CED; su propósito es recibir los anexos que se presente en la evaluación, redactar las actas correspondientes a las sesiones del Comité y realizar las convocatorias para la entrega de resultados.
Acudieron quienes encabezan las Secretarías Técnica de Planeación y Evaluación (Seplan), Rafael Hernández Kotasek; de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, y de la Contraloría General del Estado (Secogey), Lizbeth Beatriz Basto Avilés, esta última a nombre del Órgano Estatal de Control, así como representantes de la de Obras Públicas (SOP).
También, personal de los Institutos para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica; para la Construcción y Conservación de Obra Pública, y de Infraestructura Carretera, todos del Estado de Yucatán.
