¿Institucionalidad o voluntarismo?

Por: Pascal Beltrán del Rio

No cabe duda que la corrupción es el mal del sistema político que más irrita a los mexicanos. Y por eso será uno de los temas dominantes en la campaña electoral para la Presidencia en 2018.

La gran pregunta que hay que hacerse en torno a la corrupción es cómo reducirla. Se ha intentado de diferentes maneras en décadas recientes, pero siempre apostando a la decisión personal de quienes se encargan de administrar el dinero público y de ejecutar las leyes.

En los hechos, ese voluntarismo ha terminado en la nada, porque casi siempre se ha tratado de sancionar a figuras menores —a mediados del siglo pasado se acuñó la máxima política de que la justicia anticorrupción sólo servía para “encarcelar carteros”, en referencia a quienes eran intermediarios del dinero hurtado— o bien, de vengarse de rivales políticos con el pretexto de castigar la corrupción.

Este último caso fue, por ejemplo, el de Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones y Transportes durante el gobierno de Luis Echeverría, cuyo encarcelamiento en el siguiente sexenio se dio formalmente por un desfalco a la empresa Intelsat, aunque se debió en realidad a un pleito de faldas.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se impulsó la llamada Renovación Moral, para reconquistar la confianza de los gobernados en la administración pública, por el mal uso de recursos que había caracterizado al sexenio anterior.

En esos años cayó en prisión Jorge Díaz Serrano, exdirector general de Pemex, pero, como sucedió con muchos casos semejantes, antes y después de ése, el castigo de la corrupción, supuesta o real, no ha tenido que ver con un proceso institucional para prevenir y castigar los actos de deshonestidad.

Es verdad que se han creado algunos organismos públicos para procurar la rendición de cuentas, como las contralorías de la Federación y de los estados, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, éstas poco han podido hacer para llevar ante la justicia a los corruptos, porque se encargan de encontrar y divulgar datos sobre actos de deshonestidad en el servicio público, pero no de procesar penalmente a quienes los cometen.

Todos los años se conocen observaciones al gasto que hacen alzar las cejas a quienes creemos que la austeridad y el uso eficiente de los recursos de los contribuyentes deberían ser la consigna de la administración pública y la representación popular. Sin embargo, después de algunas semanas de escándalos suscitados por la revisión de la cuenta pública, el tema suele quedar en el olvido.

La semana pasada, la ASF entregó a la Cámara de Diputados el resultado de la revisión de la cuenta pública de 2015 e hizo observaciones al ejercicio de casi 164 mil millones de pesos en fondos federales.

No desdeño el trabajo de la ASF. Ha logrado recuperar muchos recursos públicos que, de otro modo, se habrían perdido. No obstante, la experiencia de esa y otras instituciones creadas para luchar contra la corrupción muestra que debemos seguir avanzando por ese sendero para que el esfuerzo no dependa de la voluntad de los poderosos.

La mejor oportunidad para castigar la corrupción, sin dedicatorias personales y sin que se diluyan los procesos y estos terminen en exoneración, es la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Como escribí en este espacio la semana pasada, van cuatro veces que el Senado de la República retrasa el proceso de nombramiento del fiscal anticorrupción, pieza central del SNA.

Si los mexicanos realmente queremos ir más allá del mero escándalo, más allá de los señalamientos públicos de los actos de corrupción que terminan en nada, es necesario presionar a los senadores para que concluyan el trabajo que se comenzó por iniciativa de un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Yo sé que muchos mexicanos siguen creyendo que la corrupción se acabará cuando llegue a la Presidencia una persona de honestidad férrea, pero, primero, no veo quién pueda ser esa persona y, segundo, está visto que no basta combatir la corrupción por decreto para que ésta se acabe. Necesitamos hacerlo mediante leyes e instituciones que vayan más allá del voluntarismo y sobrevivan a los hombres del poder y a la lucha por la Presidencia en 2018. Información Excelsior.com.mx