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CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –
Javier Duarte viene a México a retar en tribunales las acusaciones de corrupción formuladas en su contra por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de Veracruz.
Luego de que conoció la integración de los expedientes en su contra, mismos que rechazó y minimizó, el exgobernador veracruzano decidió no oponer resistencia a la solicitud de extradición a México —interpuesta tras su detención el pasado 15 de abril en Guatemala, tras casi seis meses en fuga—, y regresar al país para, junto con su equipo legal, rebatir dichas denuncias.
“He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país”, dijo este martes al comparecer ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente.
El político veracruzano rechazó de esta manera las acusaciones presentadas en su contra por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —su antiguo aliado político—, igual que hizo la semana pasada con los expedientes del fuero común iniciados por las autoridades veracruzanas. Duarte ya se había allanado en el proceso llevado en el ámbito estatal, por lo que solamente faltaba que lo hiciera en la audiencia de este martes para iniciar el proceso de extradición.
Las acusaciones federales fueron sustentadas por la PGR en documentos de las empresas y las compras presuntamente involucradas en el esquema de corrupción vinculado con Duarte, así como en entrevistas con sus presuntos cómplices.
Expertos estiman que es cuestión de días para que el exmandatario —expulsado del PRI en octubre— retorne a México y someta a prueba las denuncias iniciadas en su contra por supuestos malos manejos de recursos públicos durante su gobierno (2010-2016), mismas que el exgobernador buscará echar abajo para recobrar su libertad.
“La ‘pelota caliente’ la tiene la procuraduría, para hacer una muy buena investigación que arroje resultados”, dijo a Expansión el director jurídico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ricardo Corona.
‘Choque legal’
Duarte es acusado por la PGR de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, vinculadas a un supuesto esquema de compra de propiedades a través de prestanombres y con recursos estatales y federales, señalamientos que se suman a los de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, peculado y coalición, presentados por la fiscalía de Veracruz. Estas últimas acusaciones fueron subestimadas por Duarte como “vagas, imprecisas e irrisorias”.
La defensa jurídica del exgobernador indicó en un comunicado que se allanará al proceso de extradición tras valorar que los expedientes del fuero federal tampoco “resisten un análisis jurídico serio”; además, los tilda de “absurdos” y de ser un “desatino jurídico imperdonable”.
Los abogados defensores resaltan que, desde su perspectiva, la investigación presentada no prueba la existencia de una organización criminal, ni la intervención de Duarte, ni la obtención de recursos ilícitos, y apunta a lo que llama “vicios legales” como el que la fecha en que supuestamente se extrajeron recursos del gobierno de Veracruz para comprar terrenos es posterior a dicha operación.
Jaqueline Urzúa Hernández, abogada de profesión y docente de la Universidad Intercontinental (UIC), argumentó que aunque podría haber suficiente evidencia para inculpar a Duarte, la correcta integración de la indagatoria es clave para acreditar su responsabilidad.
“Me parece que sí hay sustento jurídico para llevar a cabo estas imputaciones y para probarlas, pero también sabemos que en estos aspectos jurídicos es donde los abogados toman alguna mala formulación de la imputación, por ahí pueden tomar ventaja”, comentó.
Nuevas acusaciones
La defensa de Duarte se muestra segura de librar estos expedientes, pero en relación a denuncias futuras invocó una cláusula del Tratado de Extradición entre ambos países, la cual evita que las autoridades mexicanas sumen cargos una vez que el indiciado sea trasladado al país.
Carlos Velázquez, abogado de Duarte, pidió al tribunal guatemalteco considerar en su sentencia la Regla de Especialidad —prevista en el artículo 15 del tratado—, luego de anunciar que se allanarían a la solicitud presentada por México.
“Solicitamos concretamente que en esa resolución quede muy claro y plasmado que en ningún momento se logró probar (el delito) ni vincular (a Duarte), y que se le debe dar aplicación a la Regla de Especialidad como está acordada en el tratado”, dijo el defensor durante la audiencia celebrada este martes.
Dicha fracción prevé que la persona sujeta a proceso de extradición no pueda “ser detenida, juzgada o sancionada” por un delito distinto a aquel por el cual se concedió la extradición, pero el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Javier Dondé explicó que se prevé la excepción de que el gobierno solicitante puede añadir nuevos cargos a través de una solicitud de autorización a la contraparte.
