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El 18 de agosto de 2021, la madre del joven José, fallecido en Yucatán, presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), y se inició la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de tortura.
A partir de ese momento, la Fiscalía recabó más de 50 testimoniales; también realizó 45 periciales de diversas materias (medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio y video, e informática, entre otros); más 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM), y tres inspecciones ministeriales.
Se realizó, asimismo, la exhumación del cadáver y la necropsia, en la que se concluyó que José falleció por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.
Igualmente se analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención, hasta su llegada a la cárcel (11 minutos). Igualmente, se analizaron los videos de su estancia en la cárcel (24 horas). Del análisis de todos los videos, NO se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto. (Todos los videos están a disposición de los ofendidos y lo estarán a disposición del Juez competente, en su caso).
A través de la mecánica de lesiones, se concluyó que las lesiones causadas a José fueron correspondientes con maniobras de sujeción de una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días; no poniendo en peligro la vida.
Las declaraciones de los testigos son consistentes en señalar que el joven mencionado se resistió al arresto.
Los números y colores de la patrulla señalados por dicho joven en la declaración en la que describe las agresiones sufridas no corresponden a la evidencia, ya que no existen tales uniformes y características. En este caso, la búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo policía estatal y municipales de Mérida y Kanasín.
Se determinó, a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte.
En definitiva, la investigación de los hechos confirmó que NO existió tortura, ni violación sexual, por parte de los elementos aprehensores de la policía municipal.
Lo que SÍ existió fue la falsedad en dictámenes ministeriales; por ello, el 18 de octubre se ejercitó la facultad de atracción, sobre las conductas presuntamente responsables de personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán que falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos, con la finalidad de ejercitar acción penal en contra de policías municipales.
Actualmente, se está en proceso de judicialización, para ejercer acción penal en contra de tres servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán.
Esta Fiscalía General de la República continúa con su investigación respecto de la posible negligencia médica, por parte de médicos responsables del Hospital General del Estado.
Comunicado de prensa del Gobierno del Estado de Yucatán:
Mérida, Yucatán, 28 de octubre de 2021.- El Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la verdad de los hechos y la aplicación de la ley con toda la firmeza, así como continuar con el apoyo a los familiares del joven fallecido en Mérida, ante la conclusión de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso de José E.R.E.
En ese sentido, el Gobierno estatal expuso que, tras el resultado de dicha investigación, que señala probables responsabilidades de autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), se ha determinado la inmediata separación de sus cargos de quienes resulten responsables para que respondan a los señalamientos de la FGR.
Asimismo, el Gobierno del Estado informó que se continúa colaborando con las autoridades federales en la investigación del personal de salud que atendió a José E.R.E en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” para que respondan lo que a su derecho convenga y la Fiscalía General de la República deslinde responsabilidades.
En el Gobierno del Estado no hay lugar para la impunidad y todos los funcionarios deben respetar la ley y servir con integridad a la sociedad, quien no lo haga, deberá responder a las consecuencias.
Como se ha trabajado hasta el momento en colaboración con las autoridades federales, el Gobierno estatal reitera su disposición a mantener una absoluta cooperación y transparencia para llegar a la verdad y al fondo en este caso, pero en estricto apego al Estado de Derecho.
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