Jóvenes que matan y mueren

Por: Pascal Beltrán del Rio

A raíz del operativo en que resultaron abatidos 13 presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva –el jueves 9, en Tepic–, se ha desatado una discusión sobre la edad de los delincuentes.

Esto, debido a que Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, acusó a la Armada de México de “masacrar” a un grupo de jóvenes, a los que él mismo calificó, primero, como menores de edad y, después, tras de ser corregido, como personas que no alcanzaban las tres décadas de vida.

La información oficial, proporcionada por la Fiscalía de Nayarit, indica que las edades de las 13 personas oscilan entre los 20 y los 46 años de edad. De acuerdo con esos mismos datos, la edad promedio de los fallecidos es de 31 años, cuatro más que la media nacional, que es de 27.

Para saber qué tanto delinquen en México los jóvenes –es decir, las personas de 29 años o menos–, se pueden consultar las estadísticas del Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (Simbad), del Inegi.

En 2012, el año más reciente sobre el que hay datos judiciales, se dictó un total de 108 mil 216 sentencias por delitos del fuero común, de las cuales seis mil 690 fueron por homicidio.

Del cúmulo de sentencias, el grupo de edad de mayor prevalencia es el de 20 a 24 años, con 23 mil 5 (21.25%), seguido del de 25 a 29 años, con 20 mil 931 (19.34%). Casi la mitad de las sentencias (49.01%) correspondieron al grupo de personas jóvenes.

En cuanto a su escolaridad, tres de cada cuatro sentenciados no habían pasado de la secundaria. Y sólo 28% de ellos eran casados en el momento de cometer el delito por el que fueron procesados.

Si tuviésemos que hacer el perfil de los delincuentes sentenciados en 2012, quizá sería un joven de entre 20 y 24 años de edad que terminó la secundaria y es soltero o vive en unión libre.

Ése es el dato duro, al margen de juicios sobre por qué entran los jóvenes en el mundo criminal. Y debiera ser un dato que impulse a los expertos a proponer soluciones para atender una realidad que causa zozobra entre millones de mexicanos, y lleve a las autoridades a aplicar correctivos.

Fiel a su costumbre de señalar culpables de los fenómenos sociales perniciosos, López Obrador se limitó a acusar a los marinos de haber cometido una “masacre”, es decir, un crimen, algo sobre lo que no ha aportado evidencia alguna.

El secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, ya refutó esa versión, al explicar que los elementos de la Armada conminaron a los presuntos delincuentes a rendirse y que éstos respondieron disparando armas de alto poder.

Más allá de conocer los detalles del operativo, la polémica ha servido para ilustrar la participación de los jóvenes en la delincuencia.

Hemos conocido casos extremos, como los de sicarios menores de edad que matan con una saña que da escalofríos, pero poco se reflexiona sobre el hecho de que personas que debieran estar estudiando una carrera o entrando en el mundo laboral estén en las filas del crimen organizado.

Por supuesto, los problemas no se resuelven lanzando acusaciones con fines electorales, pero tampoco no volteando a verlos.

Hace falta una discusión nacional respecto de dónde están fallando las instituciones, que evidentemente no ayudan a que los jóvenes permanezcan en el sistema escolar.

El número de sentenciados en 2012 se desploma entre quienes cursaron la preparatoria (16 mil 886 contra 42 mil que sólo terminaron la secundaria).

Y sin pretensión de introducir consideraciones morales, también se puede decir que los casados delinquen 1.5 veces menos que los solteros, lo que quizá indica que las responsabilidades que vienen aparejadas con el matrimonio ayudan a prevenir la comisión de delitos.

No sé cuántos revisen esas estadísticas para diseñar políticas públicas que prevengan el crimen de raíz. Una conclusión lógica es encontrar la manera de que los jóvenes sigan estudiando después de concluir la secundaria.

En todo caso, ése es el tipo de discusión que debiéramos tener, y no el estéril señalamiento de culpables, con datos falsos o inexactos.

Dicho eso, es obvio que, ante situaciones perdidas, cuando el delincuente amenaza la vida de otros, las autoridades deben aplicar la fuerza. Porque igual mata una bala disparada por un veinteañero que por un adulto maduro. Información Excelsior.com.mx