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Un juez federal de San Diego aplazó este miércoles la decisión sobre el posible traslado a Washington de la ex diputada mexicana Lucero Sánchez, supuestamente vinculada al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y acusada de tráfico de drogas.
El juez Andrew G. Schopler, del Distrito Sur de California, escuchó los argumentos de ambos lados y optó por aplazar su resolución una semana, tiempo para analizar precedentes.
Sánchez López fue detenida en junio en San Diego, California, y está acusada en un tribunal de Washington de conspirar para distribuir cocaína, delito por el que podría ser condenada a un mínimo de diez años de cárcel.
La defensa de la ex diputada alegó ante Schopler que el delito del que se le acusa fue supuestamente cometido fuera de Estados Unidos, por lo que no existe motivo alguno para trasladar el caso de San Diego a Washington.
Por ello, su abogado, Joshua Jones, insistió en que sea juzgada en San Diego.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que las leyes federales permiten llevar el caso a la jurisdicción en la que se imputaron los cargos, en este caso Washington, por lo que solicitó su extradición.
A su vez, el fiscal, Joshua Mellor, dijo que la exdiputada no tiene vínculos con ninguno de los dos distritos, por lo que no existe un motivo de peso para mantener el caso en San Diego.
Sin embargo, Jones defendió que la exdiputada estará más cerca de familiares y amigos en San Diego.
En caso de que Schopler opte por mantener el caso en San Diego, la Fiscalía deberá recurrir a un gran jurado para que presente nuevamente cargos en dicho distrito.
Sánchez López fue detenida el pasado 21 de junio cuando intentó ingresar de Tijuana (México) a Estados Unidos a través del puente internacional CBX.
En primera instancia, la exdiputada de Cosalá (Sinaloa) dijo que “iba de compras” a Estados Unidos, pero fue detenida por agentes aduaneros dado que su visado fue cancelado una vez que se originó una investigación en su contra.
Sánchez López, antigua integrante del Congreso del noroccidental estado de Sinaloa, era investigada en México por presunta falsificación de documentos, ya que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, en 2014 habría utilizado un nombre falso para visitar a “el Chapo” Guzmán en la prisión del Altiplano.
Según la declaración de un testigo protegido citado en la demanda federal, la ex funcionaria se presentaba como la novia del capo mexicano e inclusive aceptó que se encontraba con él cuando escapó durante un operativo fallido de las autoridades mexicanas para dar con su captura en 2014. Información Noticiasmvs.com
